La Secretaría de Gobernación recibió ayer, por segunda ocasión, el decreto que crea la Ley General de Víctimas y el plazo legal para que el presidente Felipe Calderón la promulgue comienza a contar a partir de hoy. Esto significa un retraso de más de un mes en la puesta en vigor de ese ordenamiento que, en caso de que no tuviera observaciones del Ejecutivo federal, deberá publicarse antes del 11 de julio.

Por su parte, el subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación, Alfonso Fernández Aceves, sostuvo ayer que los legisladores han reconocido que había algunas inconsistencias e incongruencias respecto de la minuta aprobada en el Senado, en la documentación que representantes de las mesas directivas de ambas cámaras entregaron a la dependencia el pasado 10 de mayo y que retiraron para corregir.

Ayer, dijo, la Cámara de Diputados les entregó el documento definitivo y ahora se requiere que todos los órganos de gobierno nos apliquemos para que tengamos una legislación perfecta, que no tenga vicios que en un momento dado pudieran hacer nugatorio su cumplimiento.

Explicó que se trata de una legislación muy sensible, porque además de garantizar los derechos de las víctimas, también distribuye competencias entre los órdenes de gobierno. Es decir, no sólo impone deberes al Ejecutivo federal, sino también a estados y municipios, y esto requiere que hagamos un análisis en términos constitucionales para revisar que no vayamos a expedir una legislación que pudiera ser impugnada por algunas de las otras entidades obligadas.

El proyecto de decreto que ayer remitió la mesa directiva de la Cámara de Diputados a Gobernación dejó fuera los cambios que se le hicieron en el Senado –propuestos por el ex perredista Tomás Torres–, e incluye el error en el transitorio noveno, en el que remite al artículo 92 y no al 81 de esa ley.

El senador Ricardo Monreal, del PT, deploró las irregularidades e inconsistencias que se han dado sobre la promulgación de esa ley, y que dejan muy mal al Congreso, ya que una ley tan relevante, aprobada el 30 de abril por la Cámara de Diputados, un mes y un día después apenas comienza el proceso legal para ser publicada.

Asimismo, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, se reunió con familiares de personas desaparecidas y llamó a los funcionarios públicos a que traten ese tema con alto grado de sensibilidad, responsabilidad y compromiso, comprendiendo el dolor y la importancia que tiene esto para las familias.

Hace un año, el funcionario recibió también a los integrantes de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y ayer se comprometió a recibirlos dentro de un mes. En el encuentro estuvieron presentes la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Óscar Vega Marín, y la procuradora social de Atención a las Víctimas de Delitos, Sara Irene Herrerías.