Como parte de la fiscalización que realiza el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a los juzgados de distrito y tribunales de circuito que se ubican en el estado de Baja California, ante presuntos actos de corrupción de juzgadores a los que se acusa de favorecer a empresas importadoras de autos chocolates, fueron suspendidos provisionalmente de sus cargos dos jueces, y dos magistrados están en la mira, revelaron funcionarios cercanos a las pesquisas.

La Judicatura dio a conocer ayer, mediante un comunicado, que se inició una inspección extraordinaria a los órganos jurisdiccionales ubicados en Baja California, en busca de verificar los hechos que han sido señalados por abogados litigantes e incluso por personal de los propios juzgados y tribunales federales, en los que se alude a diversas conductas irregulares.

Los suspendidos son Daniel González Vargas y José André Nalda, jueces segundo y tercero de distrito en Mexicali, quienes hasta el momento no enfrentan cargos penales y tendrán oportunidad de defenderse ante el órgano disciplinario del CJF.

El juez González Vargas es originario de Mérida, Yucatán, y desde diciembre de 2010 está a cargo del juzgado en Mexicali.

José André Nalda nació en Torreón, Coahuila, y desde 2006 fue asignado al juzgado tercero de distrito, también en Mexicali.

Fuentes del CJF señalaron que también están sujetos a investigación dos magistrados del tribunal colegiado de circuito de Baja California, cuyos nombres se mantienen en reserva.

De acuerdo con los funcionarios consultados, la visita extraordinaria que realiza la judicatura a los órganos jurisdiccionales de Baja California deriva en parte de posibles ilícitos en amparos otorgados a empresas que se dedican a la importación masiva de vehículos, y que se han librado de cumplir requisitos determinados por el gobierno federal. Las pesquisas del CJF incluyen a la oficialía de partes de los juzgados de Mexicali y estará encabezada por la secretaría ejecutiva de disciplina, la visitaduría judicial y la dirección general de estadística judicial.

El tema de las supuestas irregularidades detectadas en tribunales y juzgados federales por la importación de los llamados autos chocolates ha sido recurrente en los órganos jurisdiccionales de Baja California Sur en los cuatro años recientes.

Al menos se han presentado dos decenas de quejas administrativas en la judicatura en esos años, ya sea por el Servicio de Administración Tributaria o por abogados litigantes.