San Cristóbal de las Casas, Chis., 29 de mayo. El turismo es una de las actividades permitidas en Montes Azules (dentro de la selva Lacandona), desde que se hizo reserva y se restringieron los derechos de los pueblos indígenas. Su puesta en práctica es polémica, pero en Chiapas nada parece detenerla. Los nuevos proyectos para la laguna Miramar lo ilustran. Existe un puñado de experiencias previas, unas más o menos exitosas como negocio, otras un fracaso total, y en cualquier caso con importantes subsidios estatales para mantenerlas a flote y ganar la incondicionalidad de los indígenas beneficiarios a sucesivos programas, campañas y acciones, ya no sólo del gobierno sino, de manera creciente, los inversionistas.

La privatización está llevando a una dinámica discriminatoria bajo argumentos conservacionistas y de control poblacional. Ejemplo paradigmático son los lacandones de Lacanjá, Nahá y Metzabok, que además de ser dueños legales de las cientos de miles de hectáreas en Montes Azules (y se les paga por serlo), administran instalaciones ecoturísticas financiadas desde fuera de las comunidades, mientras sus vecinos tzeltales, choles y tzotziles, quedan sin beneficios presupuestales y son considerados un estorbo. Se les ve como enemigos de la selva conservada, en cuanto agricultores. Sobre todo los asentamientos ilegales. Y aunque los planes nunca lo explicitan, muchos de ellos son enemigos además por estar en rebeldía y construir una autonomía de ya tres lustros, decididos a ser campesinos.

Relación entre turismo y desarrollo rural

Según Ernest Cañada, de Alba Sud (organismo catalán para la investigación del desarrollo), “la expansión de las actividades turísticas en diversas partes, especialmente en las nuevas ‘periferias del placer’ en el Sur Global y en zonas tradicionalmente orientadas a la agricultura, la ganadería o la pesca en manos de familias campesinas y pescadoras, ha intensificado el debate sobre la relación entre turismo y desarrollo rural” (El turismo en la soberanía alimentaria, mayo de 2012).

Aunque hay diferentes clases de turismo, incluso el ecológico está diseñado para sumarse al flujo de las grandes rutas de viajeros. Invertir ahora en la selva es prepararse para el anunciado despegue trasnacional de Palenque como otra puerta al mundo maya. El gobierno mexicano, sobre todo durante la docena panista, ha impulsado los paseos de aventura en lugares vírgenes donde está prohibido tirar la botella de Coca-Cola en el paisaje.

Los promotores del turismo selvático presentan elaboradas argumentaciones. En algunos casos (como Natura y Ecosistemas Mexicanos) se trata de gente que conoce la selva y ha pasado a una etapa de apropiación. Pero también el historiador de la Lacandona, Jan de Vos, preocupado por el proceso de destrucción –a cuya relación dedicó su vida–, pensaba en sus últimos escritos que el turismo, impulsado por el gobierno, podía ayudar a salvar la selva (ver Caminos del Mayab; cinco incursiones en el pasado de Chiapas, 2010).

Que el agricultor abandone el campo

El proceso no puede separarse del predominio neoliberal en lo agrícola (agrotóxicos, transgénicos, megacultivos industriales) y el omnipresente extractivismo (en Chiapas el oro es el agua). No se considera alimentar localmente a los campesinos; al contrario, se busca que dejen de ser agricultores.

En su análisis, Cañada apunta: Estas dinámicas afectan el relevo generacional y favorecen la descampesinización. El avance de las actividades turísticas neoliberales en el ámbito rural supone una nueva fuente de dificultades para las economías campesinas, refuerza el modelo agroindustrial con territorios especializados y poblaciones rurales desplazables en función de una dinámica económica globalizada. La especialización territorial de carácter turístico, ya sea por ubicación estratégica o valor paisajístico, puede entrar en contradicción con los intereses de la población de la zona.