El Estado mexicano debe recuperar la rectoría de los procesos educativos, pues existe una gran simulación en el sistema y la evaluación ha servido de muy poco, advirtió el presidente de la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados, José Trinidad Padilla López, al considerar que sólo como una medida extrema deben ser removidos de su puesto aquellos maestros que de manera repetida se muestren reacios a mejorar el nivel de su preparación.

El legislador del PRI sostuvo que una cosa es lo que aprueba la Cámara de Diputados en materia presupuestal, pero, finalmente, Hacienda casi hace lo que le da la gana con el presupuesto, juega con las partidas y hace transferencias en la práctica como ocurrió con el Programa de Enciclomedia, que fue una especie de caja chica del gobierno federal.

A pesar de los miles de millones de pesos erogados en Enciclomedia, acusó, no ha habido una evaluación sobre sus logros ni del programa que lo sustituyó: Habilidades Digitales para Todos. Recordó que 11 mil 500 millones de pesos de 25 mil millones de pesos invertidos en Enciclomedia en 2011 fueron observados por la Auditoría Superior de la Federación, sin que hubiera una explicación clara de adónde se fue ese dinero.

Integrantes de esa comisión coincidieron en que pese a que la evaluación educativa presenta deficiencias, el proceso debe continuar; peor sería no aplicarla. Todo aquello que no se evalúa es susceptible de que no tenga mejoras, consideró el diputado Jaime Oliva Ramírez (PAN).

Padilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara, acusó que la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) –de la que se deriva la evaluación– tiene límites, porque hay temas tabú, como el acceso a las plazas, donde tanto la autoridad, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación terminan por llegar a acuerdos prácticos para la distribución de los puestos. Así, es nada el número de plazas que se someten al concurso de oposición.

Otro tema prohibido, agregó, es el de las normales, pues se necesita romper la idea de que el monopolio para la contratación de los profesores en el sistema público debe estar amarrado sólo al universo de las escuelas formadoras de docentes.

Asimismo, acusó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de tener una concepción muy privatizadora de un bien público como las plazas, a las que considera, según dijo, un patrimonio personal.