os de los rasgos característicos de las administraciones federales panistas han sido su insensibilidad frente a las necesidades sociales mayoritarias y su obsecuencia frente a los intereses empresariales nacionales y extranjeros, ambos sustentados en el dogma neoliberal de que para distribuir la riqueza, primero hay que generarla. Pero, si se atiende a los datos presentados por el Banco de México (BdeM), es inevitable concluir que esas posturas gubernamentales no sólo no han ayudado a derramar sobre los más bajos estratos sociales la abundancia que se genera en nuestro país, sino que ni siquiera han bastado para hacer que la riqueza permanezca en la economía nacional: de acuerdo con el organismo, los depósitos enviados por mexicanos a bancos del exterior, en conjunto con las inversiones realizadas por connacionales fuera del país desde el inicio del gobierno actual, suman 71 mil 443 millones de dólares, cantidad que prácticamente duplica el saldo de la deuda externa neta del gobierno federal en diciembre de 2006.

Sin desestimar que este fenómeno pudiera estar alimentado por el paroxismo de violencia que se vive en la República y otros factores coyunturales, las cifras del propio BdeM ponen de manifiesto que la sangría de capitales mexicanos hacia el exterior es una tendencia sostenida y creciente: en el transcurso de las dos administraciones federales del blanquiazul, el monto total de los recursos transferidos al extranjero supera los 100 mil millones de dólares.

La circunstancia descrita resulta un mentís inequívoco a las recurrentes aseveraciones del gobierno federal respecto de la solidez económica del país y de la supuesta confianza que ello despierta entre los capitales. Si esa percepción fuera compartida por las cúpulas empresariales y por los hombres y mujeres del dinero en México, sería difícil imaginar señalamientos críticos como los que lanzaron ayer al titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, en su reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Mucho más improbable sería, en todo caso, una salida de capitales tan amplia y sostenida como la comentada si privara la confianza en el rumbo económico adoptado por los últimos gobiernos, incluido el actual.

Por su parte, la decisión de empresarios e inversionistas mexicanos de colocar una cantidad cada vez mayor de recursos en el extranjero pone de manifiesto un nulo interés y compromiso de su parte con el desarrollo nacional y, en consecuencia, con el país y su población. En el contexto de una economía postrada como la nuestra, el monto de recursos enviados al extranjero en la última década habría sido de gran ayuda, en caso de que sus propietarios los hubieran mantenido en el país, para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas –que constituyen la mayor fuente de empleos en México–; para impulsar el crecimiento del consumo interno y el abatimiento del desempleo, y para fortalecer la recaudación impositiva y, en consecuencia, los instrumentos de bienestar y justicia social del Estado. En cambio, la transferencia de miles de millones de dólares a cuentas o inversiones foráneas equivale a un desangramiento de la economía nacional, y transita en sentido contrario a la corrección de las desigualdades sociales y a la superación del estancamiento económico que ha padecido el país en las últimas décadas, por citar dos de las preocupaciones expresadas ayer por el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani.

La circunstancia descrita tendría que obligar a las autoridades del país a dar un viraje en el manejo de la economía y de las finanzas públicas, hoy diseñado para dar toda clase de privilegios a los grandes capitales, y reorientar esas líneas de acción gubernamental hacia el bienestar de la población y a la reactivación de la economía real.