La Unidad Especializada de Investigación en Delitos contra la Salud (Ueidcs), de la Procuraduría General de la República (PGR), notificó este miércoles a un juzgado federal del segundo circuito que existe abierta una averiguación previa en contra de 34 altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los que se investiga en casos relacionados con la delincuencia organizada.

En el juzgado referido desde el pasado fin de semana se tramitan tres demandas de amparo presentadas por un general brigadier, un capitán y un mayor en activo del Ejército Mexicano.

Fuentes judiciales revelaron a La Jornada que de acuerdo con las constancias del expediente 14/2012, tramitado en un juzgado de amparo del segundo circuito, la PGR rindió su informe previo justificado en el que admitió el acto reclamado por parte de un general brigadier, cuyo nombre se ha mantenido en reserva por sigilo en la investigación y en acatamiento a la Ley Federal de Transparencia y Protección de Datos Personales.

Este sería el cuarto general que es indagado en la PGR por sus presuntos vínculos con los hermanos Beltrán Leyva. Hasta el momento, sólo han sido detenidos tres generales y está pendiente el arresto de este cuarto militar, cuyo nombre hoy sigue sin conocerse.

Los generales que actualmente están detenidos dentro de este grupo de 34 militares que investiga la Ueidcs son: el general de división Tomás Ángeles Dauahare, el general brigadier Roberto Dawe y el general de brigada Ricardo Escorcia Vargas. También fue detenido el pasado fin de semana el teniente coronel de caballería retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.

Otro militar detenido como parte de la treintena de mandos de la Sedena sujetos a la indagatoria de la PGR por delincuencia organizada es el mayor de infantería y ex funcionario de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) Arturo González Rodríguez, capturado en 2008 como parte de la llamada Operación Limpieza.

También están detenidos en alguna cárcel del país dos sargentos primeros, dos subtenientes y un teniente de infantería, por lo que suman diez los militares arrestados, de los 34 que indaga actualmente la PGR.

La información obtenida por este diario refiere que el acto reclamado dentro del juicio de amparo 14/2012 es una orden de presentación girada por la Siedo en contra de tres mandos del Ejército. Esta orden ministerial no ha podido ser cumplimentada porque los militares quejosos tomaron precauciones para esconderse mientras confirmaban que son investigados como supuestos cómplices del general Ángeles Dauahare, indicó un funcionario judicial.

No está claro aún si estos amparos les permitirán a los tres militares investigados eludir la orden de presentación, aunque en otros casos similares no ha procedido la protección de la justicia federal.

Una veintena de militares que también son investigados –dentro del grupo de 34 mandos castrenses sujetos a indagatoria, contra quienes la Siedo aún no ordena su comparecencia– siguen en activo en la Sedena, pero sus nombres se mantienen en total secreto.

Ayer, La Jornada reveló que en los pasados cuatro días al menos seis mandos del Ejército han solicitado amparo en diversos juzgados. Los militares han dicho ser víctimas de actos ilegales por parte de supuestos agentes federales, quienes buscan detenerlos, lo que no es más que una estrategia jurídica para justificar los requisitos de procedibidad de la demanda de garantías, y conseguir con ello que un juez ordenara a la PGR emitir sus informes previos justificados, lo que ya ocurrió.

En realidad, el propósito de estas demandas de amparo era que los militares quejosos confirmaran que existe una indagatoria en su contra por sus presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.