Madrid, 23 de mayo. Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional (AI) para México, reconoció que durante los últimos años se ha constatado un retroceso en la defensa de los derechos humanos por parte del gobierno de Felipe Calderón, que ha tolerado altos índices de impunidad.

En el informe anual del organismo se destaca el aumento desmedido de los ataques a la libertad de expresión en nuestro país y la preocupación ante el aumento de casos de militares de alto rango coludidos con el crimen organizado, según explicó Knox en entrevista con La Jornada.

“Es evidente que en los años recientes la situación de los derechos humanos en México ha empeorado. Los registros de las violaciones a estas garantías se han multiplicado, pero además los niveles de impunidad siguen igual. Los patrones que existían todavía están, mientras que los abusos han crecido y creemos que es consecuencia de la impunidad tolerada.

“También es un hecho que hay un contexto de violencia extrema en muchas regiones del país y los enfrentamientos y la presencia del crimen organizado son amplios y es un reto para el Estado. Sin embargo, en todos los abusos cometidos por las fuerzas militares y por policías ha primado la impunidad y esto es un indicador muy claro de la falta de esfuerzos y de impulso que tienen las autoridades federales. No hemos visto un cambio sustancial para garantizar de verdad un buen rendimiento de la justicia.

Asimismo, las noticias recientes señalan patrones muy preocupantes de colusión entre diferentes autoridades civiles y militares con el crimen organizado. Obviamente se requiere una investigación a fondo para esclarecer los hechos, pero cualquier involucramiento de militares con el crimen organizado es grave porque pone en entredicho el trabajo que realizan las fuerzas armadas para combatir y, sobre todo, los ciudadanos están desprotegidos totalmente si los representantes del Estado están coludidos con el crimen organizado tanto en la comisión de delitos como en la obstaculización de la justicia.

–En relación al sistema de justicia penal, ¿se podría decir, según el informe, que más que quedarse estancado ha dado un paso atrás?

–Obviamente hay diferentes sistemas que rigen en el país, así que la situación es compleja y confusa, sobre todo a raíz de los estados que sí han adoptado reformas –como Chihuahua– y la Federación, que todavía no lo ha hecho. Es muy preocupante que se vayan incorporando viejos vicios al nuevo sistema de justicia penal, que al final provocará un gran daño. Es decir, no vemos grandes diferencias entre el sistema antiguo inquisitorio y el nuevo acusatorio, si en el nuevo se están incluyendo elementos del antiguo modelo. Por ejemplo, en Chihuahua, que es el sistema más moderno, han permitido en el caso de Israel Arzate incorporar como evidencia pruebas obtenidas a través de la tortura y el maltrato.

Por otra parte, el caso de los migrantes centroamericanos tiene una prioridad altísima para AI. Vemos compromisos vagos por parte del gobierno federal, pero al hablar con migrantes y con defensores de derechos humanos no han tenido noticias del programa de acción anunciado por el gobierno. No hemos visto la voluntad política para priorizar la protección y la vida de estas personas.

–En cuanto a la violencia contra los periodistas...

–Otra vez hemos visto la importancia de la libertad de expresión y los riesgos de periodistas y defensores de derechos humanos. En el último mes hemos registrado el asesinato de seis comunicadores. Es un dato escalofriante, como también lo es el nivel de impunidad que sigue prevaleciendo a pesar de los intentos de la fiscalía (PGR).

“La nueva ley promulgada en marzo para proteger a los periodistas ofrece un marco legal importante, pero se necesita mucha más voluntad política de gobierno y estados para poner mejorar las investigaciones. Esa es la mejor forma de garantizar la libertad de expresión. Al ser año electoral, la situación se complica aún más y la posibilidad de que aumente la violencia también es más alta. Es importante que en este clima de tensión se adopten medidas preventivas para que no se tolere este tipo de violencia.’