San Cristóbal de las Casas, Chis., 19 de mayo. ¿Quién dijo al gobierno que los problemas de las comunidades se deben resolver con ciudades?, se pregunta esta mañana el investigador de la UNAM Luis Rodríguez Castillo en el foro Exclusión… inclusión neoliberal, convocado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y el Ciesas, donde especialistas de diversas universidades analizaron el fenómeno de las ciudades rurales sustentables (CRS), que en Chiapas han encontrado su paradigma. Investigadores de las universidades de Guadalajara, Chiapas y Autónoma Metropolitana coincidieron en su rechazo al programa gubernamental, inspirado en los Objetivos del Milenio de la ONU.

Los pobladores de las CRS, sometidos a un control represivo que un comentarista comparó hoy con un estado de sitio y encierro, han cedido sus tierras a cambio de una casa de ciudad y el acceso expedito a los créditos de Banco Azteca y Elektra. De campesinos autosuficientes a clientes. De tener derechos colectivos a ser solicitantes de una ayuda que además les regatean.

Dosis de contrainsurgencia

El médico Marcos Arana, al hablar de la atomización demográfica que implican las CRS, detalló la falta de respeto gubernamental a los derechos económicos, sociales y culturales, y emparentó el proyecto con las aldeas estratégicas implementadas en 1962 en Vietnam para desmantelar las comunidades y sus vínculos con la tierra y la colectividad. Otros ponentes abundaron sobre las altas dosis de contrainsurgencia en el proyecto.

Además de la contundencia de unas 15 investigaciones de campo, se contó con testimonios directos de pobladores de las dos CRS ya en operación. Los de Nuevo Juan de Grijalva (Ostuacán) denunciaron el reiterado incumplimiento del gobierno para indemnizarlos por las tierras de las que fueron arrebatados con muchas promesas cuatro años atrás. Ya sufrieron represión, algunos cárcel, y siguen esperando.

La especialista Martha Liliana Arévalo ha residido en la mencionada CRS, y su testimonio es demoledor. Todas las casas tienen ratas, que han encontrado estupendos nidos en la capa de unicel de los techos, mientras las paredes pueden durar húmedas durante semanas a causa de la lluvia.

Un indígena de Santiago el Pinar admitió que la gente no se acostumbra a vivir en las casas de ciudad, pero la obligaron. La investigadora de la UNAM Dolores Camacho apuntaría que esta CRS en los Altos se construyó en un municipio publicitado de tener índices récord de bajo desarrollo humano: “Se pretende elevar ese índice con servicios, casas de seis por siete metros de material preconstruido sobre terreno cerril. Las familias se están llevando tinacos y muebles de baño a sus casas en la cabecera municipal o a su comunidad. ¿Qué sentido tiene elevar los índices sin sustento real?

Reseñó las condiciones de los campesinos en las CRS, donde el gobierno no reparó en que la mayoría de los campesinos que ahí vivirían estaban satisfechos con su vida anterior, en ejidos con escuelas, casas sencillas pero amplias en terrenos con árboles y frutales propios del lugar, criando animales para alimentarse y cerca de los terrenos donde cultivaban lo necesario para comer y vender para satisfacer otras necesidades. La ciudad nueva no tiene vida, los proyectos productivos no funcionaron como se prometió y los hombres han tenido que volver a trabajar las tierras abandonadas o se van a otras partes. Las casas fueron elaboradas con material no adecuado para la zona. Los anuncios oficiales son rebasados por la realidad, y sólo han pasado dos años”.

Sostuvo que el fracaso de esta reorganización poblacional se debe a que el gobierno desestimó las críticas y derrochó recursos para publicitar los ‘logros’”. El proyecto tiene como fines declarados combatir la dispersión y la pobreza, promover el desarrollo regional y evitar los riesgos ambientales. Sin embargo, los resultados parecen opuestos, y sin elementos que permitan suponerlos sustentables.

Sobre la presunta dispersión poblacional, Asmara González Rojas, de la UdeG, desestimó el argumento oficial. En Santiago el Pinar las comunidades son tan cercanas que uno puede verlas todas desde cualquier loma. Contrapuso el caso de las comunidades huicholas, esas sí lejanas y dispersas, que sin embargo jamás aceptarían ser reducidas en una ciudad.

En lo que bien resume las consideraciones de los participantes en dos días de exposiciones, Camacho señaló: “Mientras no participen los beneficiarios en el diseño, planeación y desarrollo de estos proyectos, seguirán siendo fracasos y fuentes de conflicto. Los comentarios de los afectados, y lo que se puede observar, permite deducir que esta política de reubicación contiene además de una estrategia de expansión del mercado y control social de los grupos marginados. En centros de población que dependen del mercado y los proyectos gubernamentales para sobrevivir son imposibles la organización y la resistencia, con lo que se pierden la autonomía que es posible gozar cuando se es independiente en alimentación.

“Los campesinos necesitan recursos para ser productivos, no subsidios de sobrevivencia. ¿Por qué la oposición oficial a que continúen sembrando maíz, cosechando café o desarrollando la ganadería? Se promueve en cambio una ‘reconversión productiva’ que no resuelve la alimentación”. La autosuficiencia alimentaria dejó de ser un objetivo de política nacional, concluyó la investigadora. Estamos hablando de campesinos que podían sostenerse en condiciones precarias pero dignas. El modelo de desarrollo que representan CRS requiere personas sin posibilidad de sobrevivir si no es comprando todo, lo que las hace completamente dependientes del mercado: sin dinero no comen.