l parecer, el gobierno del estado de Jalisco ha decidido escalar el conflicto con los opositores a la presa El Zapotillo, y de los reiterados desacatos a las sentencias judiciales y recomendaciones de derechos humanos pasar a la agresión contra los inconformes. Eso se desprende de la agresión que el pasado lunes 7 de mayo sufrieron el sacerdote católico Gabriel Espinoza Íñiguez, vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, junto con Guadalupe Espinoza Sauceda, asesor jurídico del mismo, cuando se presentaron en la entrada de Talicoyunque, el predio donde los gobiernos federal y estatal pretenden reubicar a los habitantes de las comunidades que serán afectados por la construcción de la presa. El vocero y asesor jurídico de los opositores querían cerciorarse si era cierto que el gobierno estaba desacatando el mandato del Tribunal Administrativo del Estado, que había ordenado detener las obras del plan de reubicación, por no ajustarse a las disposiciones jurídicas conducentes, y que por lo mismo resultaba ilegal y violatorio de los derechos de los ciudadanos.

Eran las 10 de la noche cuando arribaron a ese lugar. Caminaron hacia la entrada del predio y ahí se detuvieron, porque estaba muy oscuro y casi no se veía hacia adentro. Pero de adentro si los veían a ellos y vigilaban sus movimientos. Cuando el abogado se apoyó en el travesaño de la puerta, inmediatamente alguien prendió un foco de mano y sonaron dos disparos. Para evitar problemas regresaron a la camioneta con la intención de retirarse, pero antes de lograrlo tres guardias del predio brincaron la barda y los agredieron. Al primero que se dirigieron fue al sacerdote, que se encontraba al frente del volante. Apuntándole con sus armas le ordenaron bajarse y caminar de espaldas hacia ellos con las manos en la nuca. Cuando ya estaba a su alcance le ordenaron que se hincara de espaldas frente a ellos, al tiempo que lo agredían verbalmente con amenazas soeces. El religioso pidió hablar, pero se lo impidieron argumentado que las preguntas las hacían ellos.

Con el cura totalmente bajo su dominio ordenaron al abogado del comité bajar de la unidad y caminar hacia ellos, cuando lo hizo, lo hincaron junto al sacerdote. Mientras uno de ellos daba las órdenes los otros dos los encañonaban con sus armas. Indefensos como estaban y en medio de la oscuridad, los guardias les revisaron sus pertenencias, mientras otros hacían lo mismo con el vehículo en que llegaron. Como justificando su proceder, les preguntaron por qué habían brincado la puerta, respondiendo el abogado que eso era falso, que sólo se asomaron para saber si estaban trabajando o no. Los guardias se mostraban nerviosos, como si no supieran cómo proceder. Les pidieron sus identificaciones, y como el abogado no llevaba su cédula profesional cuestionaron que fuera licenciado en derecho, afirmando que sólo estaba tratando de impresionarlos. Nerviosos y sin saber cómo actuar, los guardias del predio finalmente los dejaron levantarse y marcharse.

El suceso representa un peligroso escalamiento del conflicto. Hasta antes de esta agresión el gobierno se había limitado a desacatar las sentencias del Tribunal Administrativo del Estado, los amparos que tribunales federales les han concedido para que la construcción de la presa sea detenida hasta en tanto se demuestre que la obra no viola los derechos de los ciudadanos afectados, lo mismo que la recomendación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido para que se protejan las garantías de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Y aunque tales desacatos representan una violación a los derechos de los quejosos y una burla al estado de derecho por quienes al asumir un cargo público juran cumplir y hacer cumplir las leyes, hasta ahora no habían llegado al grado de ordenar agresiones físicas a quienes defienden sus derechos.

¿Ya decidieron los gobiernos, federal y estatal, o alguno de ellos, usar la fuerza para detener la lucha de los opositores a la presa El Zapotillo? No es una pregunta ociosa, pues es uno de los caminos que quedan frente a la falta de razones para continuar con la obra. Además de lo anterior, es conocido por la opinión pública que el gobierno de Jalisco, por medio de la Comisión Estatal del Agua y usando al municipio de Cañadas de Obregón, quiere reubicar por cualquier medio a la población afectada por la presa El Zapotillo al nuevo centro de población en Talicoyunque. Esto y la última sentencia del Tribunal Administrativo del Estado, ordenando la suspensión de la obra, seguramente los ha metido en un brete que los pone nerviosos y les hace tomar decisiones peligrosas. El otro camino es suspender las obras de reubicación, como ordena el tribunal, y corregir los yerros cometidos. Pero de eso no existe señal alguna. La violencia vuelve a aparecer como elemento central para llevar adelante sus planes.