omo parte de las secuelas de la accidentada visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana (Uia) el viernes de la semana pasada, decenas de jóvenes pertenecientes a diversas instituciones de educación superior se manifestaron ayer a las afueras de las instalaciones de Televisa en el sur y el poniente de esta capital; demandaron equidad informativa y respeto a la libertad de expresión; rechazaron los empeños por descalificar, desde los medios, esas y otras muestras de descontento estudiantil, y convocaron a una nueva movilización de universitarios de todo el país, tanto de instituciones públicas como privadas, para el próximo 23 de mayo.

Un día antes, en la Universidad Nacional Autónoma de México, más de 20 mil estudiantes participaron en un simulacro de elección presidencial en el que quedó de manifiesto el rechazo generalizado de esa comunidad a los partidos que han detentado el poder formal en nuestro país y han dado continuidad al proyecto político económico vigente. De su lado, estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo han venido manteniendo, en semanas recientes, un conflicto con autoridades de la institución y con el gobierno de la entidad, que tuvo sus orígenes en el reclamo por mayores apoyos para los albergues estudiantiles y que se saldó con escenarios de represión y criminalización de los inconformes.

En su conjunto, las expresiones de inconformidad juvenil que convergen en el momento presente, pese su diversidad en cuanto a formas e intensidades, tienen como elementos en común el estar integradas por un sector particularmente informado y preparado de ese grupo poblacional –aquel que tiene acceso a la educación superior– y el responder en forma crítica hacia diversos elementos de la realidad social, política y económica de la nación, como la persistente crisis económica que vive la población, la corrupción de los gobiernos priístas y panistas, la crisis de violencia e inseguridad en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, el saqueo regular de las arcas públicas y de los recursos naturales, la impunidad por actos represivos cometidos por el poder público, el agotamiento en la matrícula de las instituciones universitarias públicas, la consecuente reducción de las perspectivas de futuro personal y colectivo y, desde luego, la hegemonía informativa que practican los consorcios mediáticos afines al régimen, generalmente en perjuicio del derecho de la sociedad a la información.

A la luz de este conjunto de elementos, la respuesta de los jóvenes universitarios y los barruntos de articulación que comienzan a manifestarse entre tales expresiones constituyen no sólo una reacción lógica a la coyuntura actual; son también, como dijo el rector de la UNAM, José Narro, una perspectiva preferible a la desesperanza generalizada a la que parece haber sido condenado ese sector de la población.

En contraste, la cerrazón mostrada en días recientes por dirigentes partidistas, por gobiernos y por empleados de los consorcios mediáticos hacia manifestaciones como las referidas no sólo refleja la falta de comprensión por parte de elites políticas y económicas respecto de la realidad social del país, sino que prefigura amenazas de criminalización y violencia represiva que podrían enrarecer todavía más el panorama electoral en curso.

Cabe insistir, en suma, en que los políticos, los comunicadores y los empresarios de medios actúen con la mesura, la inteligencia y la altura de miras necesarias para comprender que esa proliferación organizativa y de inconformidades entre los jóvenes no puede ser vista como una señal de alerta, de intolerancia ni mucho menos de desestabilización, sino de fortaleza democrática.

De acuerdo con el primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis García López-Guerrero, las pesquisas para determinar si hubo o no violaciones al debido proceso del general Tomás Ángeles Dauahare –bajo arraigo de 40 días a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR)– podrían tomar un par de meses, como mínimo. El señalamiento resulta improcedente y preocupante frente a la necesidad de esclarecer, cuanto antes, el cúmulo de denuncias por presuntas irregularidades cometidas en contra del ex subsecretario de la Defensa Nacional y del general brigadier Roberto Dawe González, también arraigado desde el jueves: ayer, significativamente, el abogado del primero, Alejandro Ortega Sánchez, denunció que la dependencia federal oculta a la CNDH información sobre violaciones a las garantías individuales de los detenidos, y recordó que “desde el martes que fueron asegurados se les ha negado todo contacto con su defensa y se les impuso un defensor de oficio”.

Estos elementos contribuyen a enrarecer todavía más el episodio de detenciones de militares presuntamente ligados al narco, en el cual, además de Ángeles Dauahare y de Dawe González está involucrado el general en retiro Ricardo Escorcia, detenido el pasado jueves.

Ciertamente, y con independencia de la culpabilidad o inocencia de los detenidos, el proceso judicial luce viciado de origen por la opacidad y la discrecionalidad con que se ha desempeñado la PGR. Hasta el momento, los elementos de información en poder de la opinión pública sobre las razones que pudieron haber llevado a la detención de los efectivos castrenses –declaraciones de testigos protegidos que los vincularían con el narcotráfico– han provenido de la defensa de los arraigados, no de la procuraduría. Por añadidura, si los elementos de sospecha en contra de Ángeles Dauahare se derivan de una averiguación previa que data de 2010, como ha señalado su abogado, es cuando menos sospechoso que las detenciones se hayan efectuado hasta ahora.

El que un gobierno decida actuar en contra de militares presuntamente coludidos con el narcotráfico sería de suyo una buena noticia, siempre que las pesquisas correspondientes se realicen con apego a derecho y transparencia. En el México contemporáneo, sin embargo, ante el historial de casos de uso faccioso del Ministerio Público contra opositores, en la coyuntura político electoral en curso y frente al conjunto de irregularidades denunciadas, es imposible no contemplar, cuando menos, la posibilidad de que el episodio obedezca a consideraciones de índole política, no legal, y si eso se confirma el país podría asistir a la demolición definitiva de la credibilidad de su aparato de procuración de justicia.