Representantes de organizaciones sociales defensoras de los derechos sexuales y de la comunidad de la diversidad sexual se pronunciaron por articular las leyes nacionales en materia de no discriminación y protección de los derechos humanos con las normas locales, toda vez que esa falta de armonización se traduce en la vulnerabilidad de esa población, cuyas garantías son violentadas a menudo.

Durante el diálogo Homofobia, transfobia y lesbofobia, una mirada desde la juventud, organizado por el Grupo Temático de Naciones Unidas sobre el VIH/sida, a propósito de la conmemoración, este jueves, del Día Internacional contra la Homofobia, se manifestaron también por mayor educación sobre derechos humanos, pues en la medida de que la población los conozca podrá hacerlos valer.

Diego Palacios, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México y presidente del Grupo Temático, afirmó que en 79 países y territorios todavía existen leyes que penalizan las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo.

Estas leyes son graves obstáculos que impiden responder de forma efectiva al sida y obligan a que lesbianas, gays, bisexuales y transexuales se oculten y no puedan acceder a servicios vitales, advirtió.

Comentó que pese a que en el país se cuenta con un importante respaldo legislativo en materia de no discriminación, en los hechos los jóvenes de la comunidad LGBTTTI son víctimas de atropellos: hemos escuchado diversos ejemplos sobre cómo la interpretación de los bandos de policía y buen gobierno pueden convertirlos en delincuentes por su apariencia física, el hecho de estar de pie en la calle o portar algún condón consigo.

Aseguró que los espacios de diálogo como el que se efectuó ayer en el Museo Nacional de Arte son importantes para mover de sus posiciones cómodas a muchos niveles de decisión en los sectores educativo y de salud, y fomentar acciones que permitan una sociedad más respetuosa y tolerante.

En el encuentro participaron Rocío Verdugo, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Armando Díaz, del Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales; Ilsa Aguilar, de la Coalición de Jóvenes por la Educación y la Salud Sexual, y Alejandro Rivera, del Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia, quienes señalaron como desafíos abatir la homofobia y discriminación tanto institucional como familiar, así como la necesidad de liderazgos juveniles y presupuesto para organizaciones civiles.

Los defensores señalaron a dependencias y organismos como la Secretaría de Educación Pública, la CNDH y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como actores fundamentales para un cambio cultural.