A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por construir en el extranjero una imagen de estabilidad, cada vez hay más conciencia a escala internacional de las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en el país, lo que incluso podría obligar a Estados Unidos a retener una parte de sus contribuciones económicas a la Iniciativa Mérida, aunque sea de forma muy marginal, dijo Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En entrevista con La Jornada afirmó que la audiencia realizada el 11 de mayo en Washington, ante legisladores de la comisión Tom Lantos del Congreso estadunidense –donde acudieron activistas de diversas organizaciones–, sirvió para evidenciar aún más la crisis de violencia desatada tras el inicio de la guerra contra el crimen organizado.

Cuando fue creada por el ex presidente George W. Bush, la Iniciativa Mérida se restringía a abordar la compra de armamento y el tema de los derechos humanos estaba prácticamente fuera de agenda, pero las evidencias de que esos recursos están siendo utilizados en México sin respetar las garantías individuales de los ciudadanos ha hecho aumentar la preocupación al respecto, indicó.

Cada vez hay más actores políticos y opinión pública informada en Estados Unidos que tienen elementos para entender la magnitud de las violaciones a derechos humanos que se han cometido en el contexto de la política de seguridad de México, sostuvo Aguirre.

El incumplimiento de ciertas exigencias en materia de derechos humanos, que el gobierno de Washington debe analizar y reportar por ley cada año, puede provocar que un porcentaje de las contribuciones de la Iniciativa Mérida sea retenido, y aunque el monto económico de éstas no sea tan significativo, sí puede convertirse en un elemento más para demostrar que la actual estrategia de seguridad no está dando resultados.

Hay cosas que no gustan

En términos gruesos de presupuesto no estamos ante una cantidad cuya ausencia le haga mella al Estado mexicano, pero sí implicaría una constatación a escala internacional de las violaciones a derechos humanos que ocurren en el país, y eso no le gusta al gobierno de Felipe Calderón, quien tiene una política deliberada para mantener la lucha contra el narco como su legado.

Si este elemento es incluido en el informe que rendirá el Poder Legislativo al Departamento de Estado en Washington, confiamos en que repercuta en acreditar la existencia de estas violaciones y también contribuya a la búsqueda de una solución integral al problema de la inseguridad en México, concluyó.