La Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó a la Cámara de Diputados que la Organización de Naciones Unidas (ONU) proporcionará un grupo de peritos para reabrir la investigación de feminicidios en Ciudad Juárez, una vez que la fiscalía general de Chihuahua aceptó abrir los expedientes.

También confirmó que se integrará un cuerpo de policía científica con agentes de la Policía Federal y de las estatales de aquella entidad y de Nuevo León, que serán capacitados por expertos de Portugal.

Durante una reunión para revisar los avances del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por el caso Campo Algodonero, la titular de la Conavim, Dilcya García Espinoza, dijo que se formará esta policía especializada para localizar personas desaparecidas, con la idea de que de una evidencia mínima se genere una línea de investigación que lleve a encontrar a mujeres o niñas desaparecidas.

En el caso de los peritos de Naciones Unidas, dijo que someterá la relación a familiares de víctimas y de sus representantes legales para que ellos elijan.

Como subprocuradora (capitalina) me respaldaron en un caso y sé que no paran hasta que acaban. No permiten ninguna injerencia y no les importa si van a señalar a un gobernador o a un jefe de la policía. Tenemos mucha fe en el peritaje que hagan, así como en la creación de este cuerpo de elite especializado en encontrar personas, dijo.

En una reunión con la comisión especial para feminicidios, efectuada en San Lázaro, el director de Derechos Humanos de la cancillería, Alejandro Negrín, reconoció que en algunos casos sólo se ha cumplido parcialmente la sentencia de la CIDH relativa al homicidio de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González.

Otros puntos de la sentencia, agregó, no han sido cumplidos, como las sanciones a funcionarios responsables de negligencia en la investigación de los feminicidios. Es un problema que debemos resolver, porque hay prescripción de responsabilidades penales. Esto debemos asumirlo de frente, porque genera impunidad.

Mientras, el director jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Pablo Navarrete, recordó que desde 1985 a 2010, 36 mil 606 mujeres han sido asesinadas en México por cuestiones de género, cuyos proyectos de vida fueron truncados de manera abrupta y son casos que constituyen una vergüenza nacional.

Propuso que se integre una comisión de la verdad que permita saber qué pasó en cada caso, aunque muchas familias ya lo saben, para la reparación del daño causado por las omisiones. Lamentó, por ejemplo, que 46 mil órdenes de protección dictadas para salvaguardar la vida e integridad de mujeres no hayan sido acatadas por los gobiernos de los estados y los tribunales locales.

A su vez, el director de Cooperación con Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Cruz Becerra, informó a la comisión que hasta ahora sólo diez estados han notificado la adopción de los lineamientos generales para la investigación de feminicidios, aunque el documento se les entregó en noviembre.

La presidenta de la comisión, Teresa Incháustegui (PRD), consideró indignante que no haya avances en la página donde se incluya la información de las víctimas. Es también inexplicable que aún no funcione el banco nacional de datos genéticos, que desde el punto de vista técnico y de recursos es inabordable. No hay nada. Es una omisión inexcusable, sobre todo por la emergencia que vivimos por las desapariciones, reprochó.