La complicidad entre autoridades e industria en México incentiva las actividades contaminantes a costa del medio ambiente y la calidad del agua; muestra de ello es que más de 70 por ciento de los cuerpos de agua del país presentan algún grado de contaminación.

Los casos emblemáticos son los ríos Atoyac (Puebla, Tlaxcala y Oaxaca) y Lerma-Santiago (estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit), entre otros, refiere un documento informativo sobre ríos tóxicos, de Greenpeace.

En ríos del país se encuentran metales pesados altamente tóxicos como mercurio, plomo, cromo, cadmio y otros compuestos dañinos, como el tolueno o el benceno.

Detrás de la gran afectación al medio ambiente se encuentran las grandes marcas, que se aprovechan de la débil legislación ambiental nacional para seguir produciendo con procesos altamente dañinos para el entorno.

El texto señala que, de acuerdo con información obtenida por la organización ambientalista, “es claro que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hace muy poco para que la normatividad se cumpla. Las inspecciones son esporádicas –muchas veces sin muestreos– y las sanciones económicas para los contaminadores son mínimas o no se cobran”.

Agrega: Para entender la falta de voluntad política para resolver este problema nacional basta decir que hay 13 diputados en la Comisión Especial Lerma Chapala-Santiago y solamente cinco inspectores encargados del cumplimiento de las normas oficiales en toda esta cuenca, que abarca a cientos de industrias.

La Conagua y las autoridades municipales son las encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas ambientales referentes a las descargas en aguas nacionales y municipales, así como de inspeccionar a las industrias y sancionar a las que no cumplan con lo estipulado por la ley.

Así, mientras en la Unión Europea son miles los compuestos reglamentados –muchos de los cuales están prohibidos–, en México cientos de sustancias tóxicas son vertidas a los ríos diariamente y sólo una docena de ellas están reguladas, principalmente los metales pesados.

El reporte advierte que en México ni el gobierno ni las industrias están informando a los ciudadanos acerca de la contaminación de los ríos.

Pese a contar con un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), en el que las industrias deberían reportar sus actividades relacionadas a sustancias peligrosas, este sistema no es obligatorio, abarca un número limitado de sustancias y presenta una serie de inconsistencias sin que haya una autoridad que vigile su cumplimiento.

Greenpeace exige una política de ríos limpios para 2020, que incluye cero descargas de sustancias tóxicas, un sistema obligatorio y transparente de RETC, mayores controles a las descargas industriales en aguas nacionales y municipales, así como sanciones para quien contamine.

La agrupación documenta la contaminación de los ríos, con el fin de exponer la gravedad del problema y la urgencia de encontrar alternativas no tóxicas.