Buenos Aires, 9 de mayo. Con el acuerdo de la mayoría de los partidos políticos representados en el Senado de Argentina, se convirtieron en ley los proyectos por una muerte digna y de identidad de género, que junto con la anunciada reforma del Código Penal ratifican los cambios y los avances adelantados por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner poco después de haber decidido el control del Estado sobre la privatizada empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales ((YPF).

Los proyectos ya tenían media sanción en la Cámara de Diputados y permitirán, por una parte, que familiares de pacientes en estado terminal puedan rechazar tratamientos –cruelmente evasivos– que alargan la vida cuando no hay posibilidad alguna de recuperación.

De la misma manera, una nueva ley asegurará la identidad de género, aunque no coincida con el sexo con que una persona fue anotada en su documento al nacer. Diputados de diversos movimientos y partidos políticos coincidieron en la propuesta de modificar artículos que regulan estos derechos.

Los pacientes en estado terminal podrán incluso rechazar tratamientos quirúrgicos y otros tipos de terapia, que llevan a largas agonías y sufrimientos sin ninguna esperanza de mejoría real.

La desesperada acción de Selva Herbón, madre de Camila Sánchez, una niña que desde hace tres año está en estado vegetativo, sin recuperación, puso en escena la tragedia de casos como éste, en los que incluso hay muerte cerebral y los pacientes son mantenidos con respiración artificial, lo que llevó a un grupo de diputados a plantear el tema de la muerte digna, con intensos debates en la sociedad.

Esta tarde fuera del Congreso estaban los familiares de quienes están en iguales condiciones de Camila, así como manifestantes que esperaban la promulgación de la legislación de identidad de género, que colocará a este país a la vanguardia en esos derechos.

Con un simple trámite gratuito, sin necesidad de abogados, cualquier interesado puede presentarse ante el Registro Nacional de las Personas y cambiar su partida de nacimiento. Además, se establece el acceso gratuito y la inclusión en el Plan Médico Obligatorio de las cirugías en estos casos.

Por otra parte, este jueves pararán los trabajadores metalúrgicos durante 24 horas. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Juan Belén, advirtió que la medida no es contra Cristina Fernández sino contra los empresarios que no quieren otorgar un aumento de 22 por ciento y la continuidad de una suma no remunerativa de 300 pesos, que cobraron en los tres meses anteriores.

Los trabajadores condenaron el egoísmo de las grandes empresas trasnacionales que tienen millonarias ganancias, como Technit y Aluarnt, y consideran que su accionar atenta contra la paz social.

Esto va contra los esfuerzos gubernamentales por un mayor reparto de la riqueza, sostienen los trabajadores, tras recordar que desde mayo de 2003, cuando asumió el ya fallecido presidente Néstor Kirchner, apoyan todas las políticas gubernamentales y que nunca han sido tan respetadas las leyes de justicia social como bajo estas dos administraciones.

Anunciaron que si los empresarios se niegan a negociar salarios tomarán otras medidas a partir de la próxima semana interrumpiendo sus tareas una hora por día día.

No vamos a hacer nada contra el gobierno, sino contra estos empresarios que quieren imponer las políticas en materia salarial, dijo el dirigente Belén, y afirmó que lo que se pide es absolutamente justo.

El secretario general anunció que la semana próxima también habrá movilizaciones y otro tipo de acciones, pero siempre en paz.

Por otra parte, en la provincia de Jujuy la justicia ha citado finalmente al presidente de la empresa azucarera Ledesma, Carlos Blaquier, y al ex administrador de la misma, Alberto Lemos, acusados de ser cómplices y partícipes en el secuestro de trabajadores y otras personas, en lo que se conoció como la noche del apagón.

La empresa facilitó camiones al ejército durante la dictadura militar, que impuso un apagón de luces para secuestrar a decenas de personas varias de las cuáles fueron asesinadas y desaparecidas.

Organismos de derechos humanos denunciaron recientemente que se había hallado un informe de inteligencia de 300 fojas con un listado de las organizaciones y los dirigentes políticos y sociales que participaron en la llamada marcha del apagón, realizada en 2006, con lo cual el espionaje empresarial ha continuado durante los años de la democracia.

La acción de la justicia argentina es considerada uno de los mayores actos de reparación de la verdad, ya que la familia Blaquier era considerada intocable.