El investigador de El Colegio de México Julio Boltvinik Kalinka cuestionó la política social de los gobiernos federal y de la ciudad de México, aunque reconoció que en el caso del segundo sí tiene como propósito disminuir la desigualdad.

Así, manifestó, en el caso del modelo social federal se busca una igualdad de oportunidades, es decir, eliminar las trabas que impiden a las personas competir con los otros, pues en el neoliberalismo sólo se ataca la pobreza extrema, porque en su concepción el pobre extremo ya no puede disfrutar el derecho a la igualdad de oportunidades, mientras el Gobierno del DF, idealizándola un poco, busca una igualdad de resultados.

Al participar en un foro sobre desarrollo social, encabezado por el candidato de la izquierda al Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, el también colaborador de La Jornada afirmó que la Federación quiere hacer de la política social una mercancía, ya que para el capitalismo el elemento fundamental son las ganancias; de allí que programas como Oportunidades se traducen en pagar a la gente para que vaya a la escuela o a la clínica, además de que los apoyos son condicionados.

En el DF, añadió, las transferencia económicas tienen como tendencia ser universales e incondicionadas, como es el caso de la pensión a los adultos mayores, aunque criticó que para la entrega de las tarjetas se organicen actos masivos, con el fin de acarrear a esos viejitos sólo para que se luzca el jefe de Gobierno, con lo que se viola el espíritu de la incondicionalidad.

En su comparativo, Boltvinik Kalinka manifestó que la única libertad que hay en la concepción de la filosofía social del gobierno federal es la libertad de elección económica, sin libertad sexual, sin libertad conyugal y sin libertad reproductiva. Por el contrario, la del GDF reconoce la diversidad sexual y la interrupción legal del embarazo, que colocan a la ciudad de México a la vanguardia mundial.

Manifestó que la única coincidencia entre los dos modelos sociales es que los apoyos económicos son insuficientes, más en el caso de los del gobierno federal, como de las personas de la tercera edad, ya que las cantidades entregadas por la Federación significan la mitad de las que son otorgadas por el gobierno de la ciudad.

Raquel Sosa, ex secretaria de Desarrollo Social de la ciudad, cuestionó los programas sociales federales, que, dijo, son condicionados y excluyentes. Agregó que llamar a los adultos mayores a recibir la tarjeta de pensión alimentaria es un acto de reconocimiento de que se les incorpora a un programa de extensión de sus derechos.