Habitantes de San Juan de las Huertas, estado de México, derrotaron jurídicamente a la empresa Zipro, la cual buscaba crear un relleno sanitario en el paraje Las Papas de esa comunidad, al obtener un amparo definitivo contra la obra. Ahora el predio, a menos de un kilómetro del parque nacional Nevado de Toluca, está abandonado y con 60 toneladas de basura sin manejo adecuado.

El pasado 13 de febrero los habitantes obtuvieron dicha resolución, que impide al municipio cambiar el uso de suelo agropecuario para que opere el relleno, y la empresa desistió de presentar recursos de revisión. Ahora aquéllos demandarán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sanear el lugar, pues se ha convertido en foco de contaminación, ya que se encuentra en una área que es de recarga de acuíferos.

Nélida Ceballos, integrante de la asociación Nuevo Hábitat –constituida por ciudadanos de la localidad–, explicó que desde hace cuatro años, por la vía jurídica, impulsaron la cancelación del relleno. No era necesario ser arquitecto, geólogo o ingeniero para saber que estaba en riesgo la salud de la población y el bienestar de la comunidad. Ello, apuntó, se hizo con el apoyo de varios comisarios ejidales de San Juan de las Huertas.

Detalló que el relleno se instaló en terrenos ejidales, donde el suelo es permeable. Es zona de recarga de acuíferos y colindante con cultivos. El objetivo era depositar 700 toneladas de basura al día durante ocho años, es decir, alrededor de 2 millones de toneladas de desechos municipales.

Los residentes no fueron consultados para la creación del tiradero. Sólo trataron de convencernos luego de que los interesados se percataron de que no se iba a aceptar el plan. En entrevista, explicaron que durante el proceso de autorización del basurero ocurrieron cosas, como que en 2011 el presidente municipal saliente, el panista Raúl Espinosa, un día antes de concluir su gestión otorgó a Zipro la licencia de funcionamiento del relleno sanitario.

Ello aunque a unos metros del predio se encontraba un arroyo y no se planteaba la construcción de pozos para el monitoreo de aguas subterráneas, a pesar de que eso lo señala la norma oficial mexicana 083 de la Semarnat. En la documentación de la manifestación de impacto ambiental del proyecto, presentada ante la dependencia del estado de México, la empresa no detalló el método para tratar los residuos sólidos ni había especificaciones técnicas sobre la planta de separación de subproductos. Tampoco metodología para elaborar composta.

La compañía obtuvo las autorizaciones que requería para poner en marcha su proyecto. En noviembre de 2008, la Dirección de Operación Urbana del gobierno estatal emitió el dictamen de impacto regional determinado factible el uso de suelo y la Dirección de Ordenamiento e Impacto Ambiental ratificó su aprobación.

Aun sin que el sitio cumpliera los requerimientos técnicos y la instalación para recibir basura, en agosto de 2009 la empresa recibió 58 toneladas y seis camiones con residuos sólidos no peligrosos. Una inspección judicial del 17 de noviembre de ese año indica que se encontraron bolsas de plástico, botellas, trozos de unicel y papel sin separación alguna.

El perito oficial, al rendir su dictamen en materia ambiental y manejo integral de residuos sólidos urbanos, manifestó: Existe impacto ambiental, así como restricciones para el sitio donde se requiere establecer, pues la zona es un arenal con perfil de alta permeabilidad, lo que presenta alto riesgo de contaminación de los mantos acuíferos por infiltración de lixiviados que se generen por la lluvia y el nivel freático con los residuos sólidos, la existencia de tierras de cultivo, la inestabilidad del suelo y la inclinación topográfica inadecuada. El funcionamiento del relleno ocasionaría impacto ambiental irreversible, mismo que contaminaría mantos freáticos y ríos.