Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, al menos 57 mexicanos murieron o resultaron heridos por el uso excesivo de la fuerza de las autoridades migratorias de Estados Unidos, sin que los responsables hayan recibido algún castigo, sostienen organizaciones de migrantes.

México no puede permitir que este tipo de situaciones se repitan y, sobre todo, que el asesinato de un connacional quede impune cuando se tiene plenamente identificado al agresor; no basta protestar con una nota diplomática, sino que se debe llegar a instancias internacionales para evitar que esto se siga repitiendo, afirmó Al Rojas, integrante del Frente de Mexicanos en el Exterior (FME).

Tras condenar la decisión del Departamento de Justicia de aquel país de exculpar al agente de la Patrulla Fronteriza que mató al mexicano Sergio Adrián Hernández, el 7 de junio de 2010, organizaciones de migrantes exigieron a las autoridades mexicanas acudir a organismos internacionales para que la muerte del menor no quede impune.

Apenas este viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el gobierno mexicano había enviado una nota diplomática de protesta. En ella aseguró que uttilizaría todos los instrumentos jurídicos y diplomáticos internacionales a su alcance para lograr que la muerte del menor mexicano, ocurrida en la línea fronteriza en Ciudad Juárez, no quede sin castigo.

Mientras, la Liga de Abogados pro Migrantes en Estados Unidos reiteró que el uso de armas de fuego por las autoridades migratorias estadunidenses para repeler presuntos ataques de migrantes con piedras representa un uso desproporcionado de la fuerza, particularmente cuando se trata de autoridades que reciben un entrenamiento especializado.