Washington, 25 de abril. Varios jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos expresaron este miércoles su apoyo a la polémica ley SB1070 con la que Arizona busca detener la inmigración de indocumentados, en aparente rechazo a los argumentos del gobierno del demócrata Barack Obama de que sólo la administración federal puede legislar sobre ese tema.

Los jueces conservadores, que son mayoría en el máximo tribunal, sugirieron que los estados deberían tener un poder significativo para adoptar leyes que desalienten la inmigración ilegal en el país.

El juez Anthony Kennedy, que emite el voto decisivo en muchos de los casos, se refirió a las alteraciones sociales y económicas que sufren muchos estados como resultado de la llegada masiva de inmigrantes sin papeles y sugirió que estados como Arizona tienen la autoridad de actuar.

Hace dos años, Arizona se convirtió en el primero de seis estados en aprobar leyes destinadas a expulsar a indocumentados, con normas que incluyeron una autorización para que la policía compruebe el estatus de residencia de cualquier detenido o sospechoso de estar ilegalmente en el país.

La disputa por la ley tiene implicaciones en un feroz debate nacional entre demócratas y republicanos acerca de cómo lidiar con los 11.5 millones de inmigrantes sin papeles que se estima que viven en el país, cifra que se ha mantenido estable en los últimos años.

Una decisión a favor de la ley de Arizona sería un revés para Obama, quien la ha criticado y ha prometido impulsar una reforma si es relecto el 6 de noviembre.

A la vez, un fallo en contra del estado sería un contratiempo para el precandidato presidencial republicano Mitt Romney, quien dijo que el gobierno debería dejar de desafiar la ley.

El jefe de los jueces John Roberts, quien también podría tener un papel clave en el caso, rechazó los argumentos del gobierno de que la ley de Arizona entra en conflicto con el sistema federal y la consideró un esfuerzo para aplicar la ley federal.

Los cuatro jueces conservadores –Roberts, Kennedy, Antonin Scalia y Samuel Alito– hicieron preguntas al abogado del gobierno. Clarence Thomas, otro magistrado conservador, no hizo ninguna consulta pero, con base en sus votos anteriores, se prevé que apoyará la ley de Arizona.

Ocho de los nueve integrantes de la Suprema Corte escucharon los argumentos. La juez liberal Elena Kagan, ex jefa de abogados del gobierno de Obama en el tribunal, se recusó porque había trabajado previamente en la materia.

Donald Verrilli, representante del gobierno federal ante la máxima instancia, colocó la cooperación con México en el debate sobre la constitucionalidad de la ley, al asegurar que su entrada en vigor afectaría asuntos exteriores de Estados Unidos.

La revisión de la ley SB1070 de la Suprema Corte de Justicia analiza la disposición que exige a la policía, cuando esté haciendo cumplir otras leyes, preguntar a las personas su condición migratoria en caso de sospechar que se encuentran en el país sin autorización.

Los jueces analizaron hoy si las cortes federales estuvieron en lo correcto al bloquear esa y otras disposiciones.

Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah aprobaron leyes similares, partes de las cuales están detenidas, mientras la Suprema Corte toma una decisión.

El fallo se dará en junio, en momentos en que republicanos y demócratas se encuentran enfrascados en las campañas presidenciales de noviembre.

Decenas de activistas a favor y en contra de la ley migratoria de Arizona se manifestaron en Phoenix y Washington.