Después de casi dos horas de discusión, y con el voto disidente de la comisionada Sigrid Arzt Colunga, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer el número de averiguaciones previas presentadas contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna.

La PGR había clasificado la información con el argumento de que darla conocer puede causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención y persecución de los delitos e impartición de la justicia.

Alegó además que la solicitud de información no es la vía legal idónea para acceder a las averiguaciones previas.

La comisionada ponente del recurso, Jacqueline Peschard, desmintió lo afirmado por la PGR. Sostuvo: la solicitud se encuentra en el marco de la ley.

Aunado a lo anterior, advirtió que difundir el número de averiguaciones previas no implica tener acceso al expediente o expedientes de las indagatorias, y ponderó el interés público ciudadano de conocer la trayectoria de un servidor, por encima de proteger el honor a la confidencialidad de García Luna.

Al asumir un cargo público, el funcionario se expone al escrutinio de la sociedad y al más alto control ciudadano sobre el ejercicio de sus funciones, dijo Peschard.

Es relevante que la ciudadanía conozca, insistió, cuántas indagatorias se han abierto en contra de quien ocupa el cargo de la seguridad pública nacional, y que mediante el número de expediente se dé seguimiento a las investigaciones.

Arzt, además de alegar en favor del derecho a proteger la confidencialidad del titular de la SSP, recordó que en 2011 el pleno del Ifai determinó por unanimidad confirmar la reserva invocada por la PGR respecto a las averiguaciones previas presentadas contra 25 servidores públicos en 2010, todos de alto nivel, entre ellos el propio García Luna. Citó otras resoluciones parecidas.

Ahora se trata de modificar el criterio adoptado por el pleno, alegó, y se dijo sorprendida por tal situación.

Me sorprende que el día de hoy, sólo por el interés público y sin que hubiesen cambiado las circunstancias de tiempo, modo y lugar se modifique el criterio fijado por el Ifai.

De igual forma reaccionó María Elena Pérez-Jaén, quien finalmente avaló el recurso, pero emitió un voto particular por estar en contra de la argumentación para revocar la clasificación de la PGR.

Tras manifestarse en favor, el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar observó: no sé por qué un cambio de criterio causa tanta alarma. Aludió al principio de máxima publicidad que señala el artículo sexto constitucional, en el cual se apunta que en caso de duda razonable, se opte por la publicidad.

Recordó que las excepciones en derecho son viables cuando hay un daño mayor al interés público general que al de tener acceso a la información.

Además, precisó, el acceso a la información favorece un debate público e informado y se evita la corrupción.