Sus hijos son objeto de persecuciones y uno ha sido golpeado. Sus familiares, amigos y los funcionarios que integran su equipo también han sido atacados, y a ella le han puesto un precio de 3 millones de dólares para callarla. Pese a ello, la ministra de Transparencia Institucional y la Lucha Contra la Corrupción del Estado Plurinacional de Bolivia, Nardi Suxo Iturry, advierte que el gobierno de Evo Morales no retrocederá ni un ápice frente a lo que llama una mafia organizada, cuya pretensión es regresar a la política para continuar con el saqueo del país y con la impunidad.

De amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos en su país y larga experiencia docente, afirma que aunque el costo del combate a la corrupción ha sido sobre todo a nivel personal, lo más importante es que hoy estamos reconstruyendo una manzana que estaba deshaciéndose de podrida a la llegada del primer presidente indígena en su nación.

De visita en México para participar en un foro de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Suxo Iturry sostiene una plática con este diario en la que desentraña, desde su perspectiva, los alcances de estos intereses de poder, frente a los cuales los medios de comunicación bolivianos normalmente han callado.

Esto, aunque gracias a las tareas de este ministerio –que hace a Bolivia el único país en contar con un aparato de esta naturaleza destinado a acabar con la corrupción–, se han recuperado más de 96 millones de dólares para el Estado.

–El presidente Evo Morales ha señalado que usted ha sido víctima de muchas represalias. ¿Hasta dónde han llegado y quiénes están detrás de ellas?

–Las personas que tienen que rendir cuentas con el Estado. Hay varios diputados y senadores de oposición que antes han ocupado cargos en el órgano ejecutivo y que también han tenido a su cargo el manejo de recursos del Estado; esa es una de las razones por las cuales nosotros, como Ministerio de Transparencia, hemos tenido que llevar adelante procesos en contra de estas personas, a efecto de que los hechos que han cometido no queden en la impunidad.

–¿De qué actos de corrupción estamos hablando?

–Desde los pequeños hasta los grandes. Antes, en el país lo que se hacía eran componendas entre el que contrataba, la autoridad, y el contratado. Se formaban empresas fantasmas para adjudicarse esos contratos, que a veces eran millonarios, en relación con carreteras, caminos, defensivos en los ríos que no existían en muchos casos...

“Sólo voy a comentar el caso de Mario Cossío, quien ha sido presidente de la Cámara de Diputados por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); ha sido prefecto y gobernador y siempre ha tenido una función pública, durante la cual ha tenido tantos bienes que ahora no puede demostrar de dónde vienen. Cuando era gobernador hizo una entrega de obras, con informe, documento y hasta fotos de lo que estaba entregando. Pero recibimos la denuncia de gente de Tarija, de que no había tales obras…

“Personalmente fui hasta el lugar donde se había sacado las fotos, donde decía que había entregado una presa en la localidad de El Molino –había una foto de él haciendo la entrega, con poncho, sombrero y detrás de él unos árboles–, pero lo único que había ahí era una piedra…Esa piedra había costado dos millones de bolivianos –equivalentes a 3 millones 700 mil pesos– y no había nada más.”

La ministra señala que, pese a otros actos de corrupción relacionados con represas, Cossío ahora goza de refugio político en Paraguay. Situación parecida es la de Manfred Reyes Villa, ex edecán de Hugo Bánzer –cuya dictadura duró de 1971 a 1978 y luego se hizo de la presidencia por la vía electoral de 1997 a 2001–, ex capitán del ejército y ex prefecto, quien debe responder por el mal manejo de obras, la adquisición ilegal de automóviles, con costos cercanos a 70 mil dólares cada uno, y la posesión de una serie de propiedades a través de prestanombres. Reyes Villa vive en Estados Unidos.

Entre las más de 7 mil denuncias generadas por el ministerio que encabeza Suxo Iturry, hay 36 oficiales de alto rango de la policía acusados por actos de corrupción y también tres ex ministros procesados, provenientes del propio gobierno de Evo Morales.

Esta lucha, añade la ministra, se realiza sin distingos de colores o partidos. En lo personal, pienso que una persona que está en el gobierno y que comete un acto de corrupción no sólo es un corrupto: es un traidor a este proceso revolucionario que nos está costando mucho a los bolivianos.

De 2007 a la fecha, los trabajos del ministerio han derivado en 57 sentencias, de las cuales 12 corresponden a igual número de alcaldes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del presidente. Sin embargo, admite que la corrupción no se ha erradicado –aunque se han logrado importantes avances–, ya que los obstáculos tampoco son menores.

Tenemos, además, muchas dificultades en el Ministerio Público y en el órgano jurisdiccional, donde todavía hay personas con altos cargos a nivel departamental, no nacional, que están denunciados por hechos de corrupción.

–¿Se trata de una mafia?

–Una mafia organizada.

–Compuesta por…

–Abogados, militares, jueces, fiscales, ¡realmente es increíble!… Sé que mi seguridad está en riesgo, mi vida, la de mis hijos, pero tengo la certeza de que lo que estamos haciendo lo hacemos por el país. Y no van a cesar los ataques. Ahora estamos, incluso, en un momento mucho más delicado, porque empezamos con el tema de los juicios.

–¿Ha existido cobijo de otros países hacia esta mafia, como usted la llama?

–En Estados Unidos están varios de los que deben rendir cuentas con el Estado, otro tanto está en Paraguay y también en España... He tenido una desagradable sorpresa cuando me encontré aquí, en la reunión a la que vine, a una persona que está denunciada y tiene que responder sobre un tema de gastos reservados.

De sencillez apabullante, hace algunas pausas para limpiarse los ojos al narrar los ataques que han sufrido sus seres queridos. Cuando apenas empezaba su labor, en 2007, su hijo, de 15 años entonces, fue golpeado en la puerta de su domicilio. Aún lo amedrentan y lo persiguen en movilidades (autos) sin placas, por lo que tiene que ocultarse y protegerse, mientras hay jóvenes que se pasean por las calles en movilidades de 50 mil dólares y hacen ostentación del dinero que sus padres han estafado al Estado.

Su hija tuvo que dejar Bolivia ante la persecución  grosera que sufrió. Esto “duele, duele. Me acuerdo de una Navidad en que mi hija me dijo ‘quiero ir a casa’. Pero yo no tengo plata para pagarle su pasaje”, y suelta el llanto con la misma valentía con la que expresa que todo esto nos hace más fuertes.

Y continúa: a su viceministra Gabriela Veizaga la han arrastrado saliendo de su casa, como tres cuadras en un auto, y la han dejado botada, y también han atacado a sus hijos de tres y seis años. A su jefe de gabinete, Olmer Torrejón, “le han roto y le han destrozado la quijada –por lo que en este momento tiene 17 clavos– y después lo han ido a botar a un barranco”.

Los intereses de los integrantes de esta mafia son, sobre todo, económicos, pero también pretenden volver a la política para continuar haciendo lo que hacían antes: usufructuando los dineros del Estado, tapar sus casos y seguramente meternos a la cárcel a nosotros que los hemos perseguido, denuncia.

Pero les advierte que vamos a seguir, no nos van a amedrentar, no nos van a hacer retroceder ni un poquito, vamos a seguir avanzando...