No sólo sostienen que se encuentran presos injustamente, sino que demandan atención médica y un trato digno dentro de las cárceles de Chiapas. La Voz del Amate y Solidarios de la Voz del Amate, organizaciones adherentes de la otra campaña, reiteraron su exigencia para que uno de sus compañeros, Alejandro Díaz Sántiz, reciba atención especializada, pues padece de una dolorosa enfermedad de la vista que además le está arruinando la visión.

Las autoridades del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (Cerss) número 5 en San Cristóbal de las Casas no cumplen con su deber, declaró en entrevista desde dicho penal Pedro López Jiménez, vocero de los presos de la otra campaña. Negligencia y demora es lo que reina en el Cerss, dijo. Nos castigan por nuestra lucha digna.

Respecto al profesor Alberto Patishtán Gómez, López Jiménez señaló que el juez de Tuxtla Gutiérrez ya reconoció que su traslado (a una cárcel federal en Guasave, Sinaloa) fue ilegal, y como organización aquí adentro exigimos que lo retornen, o mucho mejor si le dan su libertad inmediatamente.

Reveló: Hemos recibido carta de él, que dice que se siente mejor de su ánimo pero no ha recibido hasta el momento su tratamiento (por glaucoma diabético), y exigimos que se lo den. Su vista se está empeorando cada día. En tanto, la situación de Alejandro Díaz Sántiz en el penal sancristobalense no es mejor. Padece dolor insoportable de los ojos, según llevan semanas denunciando los presos organizados, quienes sostienen: Los que gobiernan nuestro México sólo se han dedicado a vulnerar los derechos y las garantías individuales y prefabricar delitos a las personas pobres y a los que defienden y reclaman la justicia.

Y apuntan: Como tal caso el compañero preso político Alberto Patishtán, de la Voz del Amate, quien cumple una condena injusta, y los malos gobiernos han vulnerado una vez más el derecho con su traslado injusto el 20 de octubre de 2011 y hasta hoy en día sigue sufriendo todo tipo de represalias.

Insisten que el traslado de Patishtán a Guasave, tras casi 12 años de prisión, fue ilegal, y por tanto exigen al gobierno federal de Felipe Calderón que atienda el asunto para su retorno de inmediato.