La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de desechar el proyecto que proponía la liberación inmediata de Florence Cassez –condenada a 60 años de prisión por secuestro– no correspondió a la expectación levantada en torno al caso, que comenzó con un montaje para televisión y ayer continuó en su variante de circo mediático.

Y si en el circo siempre está latente la posibilidad de que el equilibrista caiga de la cuerda floja o de que el león devore al domador, la cuestión en la sede del máximo tribunal era: ¿Van a liberar a Florence Cassez? ¿Los ministros van a atender el reclamo de Felipe Calderón para que no le abran la famosa rendija a la injusticia? ¿Si no la liberan se va a reavivar el conflicto diplomático entre Francia y México surgido a raíz del caso?

Más de un centenar de periodistas nacionales y extranjeros (alrededor de 30 de medios franceses) acudieron a escuchar la discusión del proyecto presentado por el ministro Arturo Zaldívar. Además de la prensa, llegaron por decenas otros interesados en el tema: abogados, estudiantes de leyes, activistas de derechos humanos y simpatizantes de uno y otro bando.

Repleta la sala donde se desarrollaba la discusión, los asistentes se acomodaban donde podían. Unos en el auditorio José María Iglesias, situado a unos pasos, donde se proyectaba la sesión sobre una pantalla en circuito cerrado. Otros se conformaban con estar cerca de las bocinas dispuestas para quienes no habían alcanzado lugar en le sala ni en el auditorio.

La sesión comenzó a las 12:15 horas. Había quienes la seguían asintiendo o negando con la cabeza las argumentaciones de los ministros. La expresión de otros hacía suponer que no les quedaba claro el curso que estaba tomando el debate. Y es que no era cosa simplemente de decir sí o no al proyecto de Zaldívar. Lo más difícil era entender los matices, distinguirlos en ese océano de términos técnicos y de referencias comprensibles sólo para los especialistas.

Después de dos horas de iniciado el debate, se dio a conocer la decisión y el número de votos para una postura y para otra, pero a nadie le quedaba claro quién había ganado, por así decirlo. Y surgían preguntas que sólo los especialistas podían responder en forma convincente.

Era claro que cuatro de los cinco ministros reconocieron que se habían violado varias garantías de la procesada, entre otros el derecho al debido proceso y a la asistencia consular. Incluso uno de ellos, Jorge Pardo Rebolledo, pidió explícitamente ejercer acción legal contra las autoridades responsables de haber organizado el montaje televisivo que dio origen al entuerto legal.

Mientras los ministros debatían sobre la solicitud de amparo de Florence Cassez, fuera de la Suprema Corte hubo manifestaciones en pro y en contra de la ciudadana francesaFoto Francisco Olvera

No obstante, tres ministros no consideraron que las irregularidades fueran razón suficiente para liberarla. Y eso, ¿qué significaba en términos prácticos? Los periodistas franceses eran de los más confundidos.

En ese momento ya era evidente que la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin no quedaría en libertad de inmediato. Una reportera francesa aseguró que la procesada estaba siguiendo el debate desde el Centro Femenino de Readaptación Social de Tepepan, en compañía de su padre.

Esto podía considerarse en términos simples una derrota, pero al terminar la sesión, Agustín Acosta, abogado de Cassez, se mostró satisfecho y por momentos hasta optimista con la resolución.

“Hubiéramos querido –dijo en francés y en español– que el proyecto fuera aprobado, pero quedó establecido algo muy importante para nosotros: que hubo violaciones gravísimas en el proceso, con lo cual queda claro que será anulada la condena, que se abre un amparo para reponer el proceso y abrir otro debate judicial. Cualquier otra consideración es prematura”, explicó.

En cualquier caso, vamos a seguir luchando para obtener la libertad de Florence Cassez.

Por su parte, con una expresión más bien adusta, casi ahogada entre una nube de cámaras y grabadoras, la activista y candidata del PAN al gobierno de la ciudad de México, Isabel Miranda de Wallace, en representación de las víctimas de los secuestros en que presuntamente participó Cassez, sostuvo que a fin de cuentas prevaleció la justicia, porque no salió libre quien está acusada de secuestro.

Desde su punto de vista, gana México y ganamos las víctimas.

Esta posición contrastó con la de Eduardo Gallo, también activista y padre de una joven secuestrada y asesinada en Tepoztlán, Morelos.

Sorprendentemente, Gallo simpatizaba con el proyecto del ministro Zaldívar.

–¿Cómo es que el padre de una víctima de secuestro toma esta posición?

–Porque no estoy hablando como padre de una víctima, estoy hablando de si queremos o no un país con estado de derecho en el que haya justicia, y no en el que el Estado valide la venganza aportando elementos falsos, con videomontajes y pruebas ilegales. No voy a salir a la calle para ver quién me la paga, sino para que pague quien verdaderamente sea responsable del delito. Las víctimas no merecen venganza, merecen justicia.

Con la indecisión de la SCJN, el suspense político-judicial que rodea al caso Florence Cassez entra en un nuevo periodo de espera, hasta que la ministra Olga Sánchez Cordero lo analice y haga los replanteamientos del caso.

El show continuará.