La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en suspenso la resolución del amparo solicitado por Florence Cassez, ya que el proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar no consiguió los votos suficientes para ser aprobado. El asunto fue turnado a Olga Sánchez Cordero, quien no tiene fecha límite para presentar un nuevo dictamen.

A pesar de que tres ministros se pronunciaron en favor de amparar a la ciudadana francesa –quien seguirá en prisión–, sólo Arturo Zaldívar y Sánchez Cordero votaron por la liberación inmediata de Cassez.

José Ramón Cossío dijo que las violaciones graves al procedimiento no eran suficientes para dejar en libertad a la acusada, propuso otorgar un amparo para efectos y que el asunto fuera enviado a un tribunal para que dictara nueva sentencia en la que no se tomaran en cuenta las pruebas y testimonios obtenidos ilegalmente.

Sancionar violaciones a la ley

Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo Rebolledo votaron contra el proyecto. El primero consideró que no se justificaba que la Corte conociera y resolviera el asunto; el segundo dijo que aun cuando hubo violaciones graves al procedimiento, por tratarse de un amparo en revisión, la Corte ya no podía intervenir.

Pardo se opuso a que la acusada fuera amparada, pero señaló que el montaje televisivo –organizado por la Agencia Federal de Investigación, que encabezaba entonces Genaro García Luna– era un acto reprobable y que deberían ser sancionadas las autoridades que permitieron esa violación a la ley.

En un salón de plenos que ayer fue insuficiente para la cantidad de asistentes, el ministro José Ramón Cossío fue el primero en intervenir. Dijo que estaba en favor del proyecto, pero no de sus efectos.

Propuso que el asunto fuera turnado al tribunal colegiado que la sentenció en 2009 a 60 años de prisión, pero que no se tomaran en cuenta ampliaciones de declaraciones de Cristina Ríos Valladares (como las del 15 de febrero de 2006), cuando dijo que había escuchado durante su cautiverio la voz “de una persona extranjera de un acento muy peculiar, y cuando señaló que un comerciante de frutas que vende por su casa le dijo que ‘la mujer francesa que salió en la televisión la había visto por ahí’”.

Planteó que tampoco se tomara en cuenta cuando el Ministerio Público le puso un audio a la señora Ríos y después ésta reconoció la voz de Cassez.

Y pidió que se ignorara la ampliación de declaración del menor Christian Eladio, rendida ante el Ministerio Público el 14 de febrero de 2006, respecto a la identificación de la voz de la persona que menciona llamarse Florence Cassez, con la misma voz de la persona que me sacó sangre de mi brazo, lo anterior lo he comprobado, ya que al escuchar esta voz en los noticieros que pasan en la televisión, la reconozco....

Ni la ampliación de declaración de Christian del 7 de junio de 2006, cuando dijo que “(Israel) Vallarta le sacó la sangre, pero que él sólo dijo que ‘Vallarta fue el que dio la orden’, y que la señorita Cassez le dijo ‘aprieta el puño’, lo que le sonó raro porque no conocía el acento francés hasta ese momento”.

Cossío propuso que el tribunal dictara nueva sentencia, en la que sí se garanticen todos los elementos del debido proceso.

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia fue directo al oponerse a la concesión del amparo. Señaló que las violaciones cometidas al poner a disposición a la quejosa de manera no inmediata ante el Ministerio Público están consumadas de manera irreparable y no pueden ser objeto de pronunciamiento alguno. Y que, en todo caso, esas irregularidades, así como la tardanza en avisar al consulado francés, son aspectos de legalidad, respecto de los cuales ya se pronunció el tribunal colegiado.

En tanto, Jorge Pardo Rebolledo, el único penalista de la primera sala, confundió a muchos con su intervención. Primero, coincidió con Zaldívar en la irregularidad del montaje televisivo, en la demora injustificada para presentar a Cassez ante el Ministerio Público y en que la autoridad violó el derecho de la acusada al no avisar a tiempo al consulado francés sobre su detención, además de que dichas irregularidades debían ser sancionadas por ley.

Sin embargo, concluyó que el montaje no generó un efecto corruptor en todo el proceso penal, ni vició toda la evidencia incriminatoria contra la acusada.

Apuntó que las violaciones al debido proceso legal tampoco son determinantes como para anular la sentencia. Además, aseguró que los jueces se forman su juicio con base en el material probatorio integrado en el expediente y no por lo que ven en los medios de comunicación.

Olga Sánchez Cordero se pronunció en forma clara en favor de otorgar el amparo y la liberación inmediata de Cassez. Aclaró que la Corte no juzgaba sobre la inocencia o culpabilidad de ella, ni sobre la afectación sufrida por las víctimas. Una verdadera protección de los derechos de las víctimas pasa necesariamente por la protección del debido proceso de los inculpados, sostuvo.

Aclaró que la violación a la asistencia consular de la ciudadana francesa era suficiente para considerar que se violó el derecho a la defensa adecuada de la acusada, lo que dio lugar a un proceso dudoso, por lo que no había condiciones mínimas para juzgar el caso.

Zaldívar, último en hablar, evitó referirse a su proyecto, pero destacó el hecho de que tres ministros se hubiesen pronunciado en favor del amparo y de que hubo violaciones graves a los derechos humanos de la quejosa, aunque dos votaron por la libertad inmediata y uno por el amparo para efectos.

Aclaró que no podía apoyar a Cossío, porque el proyecto de dictamen perdería su esencia en caso de ser modificado, porque creo que tal y como se dieron las violaciones constitucionales graves a los derechos humanos de la demandante, no es viable otra conclusión que la contenida en su escrito.

Al final hubo confusión sobre el sentido del sufragio de Pardo, pero aclaró que su voto era contra el amparo, aun cuando hubo violaciones graves en el proceso penal.

Terminada la sesión, en la Corte corrió la versión de que el nuevo proyecto de dictamen será presentado a la primera sala después de las elecciones presidenciales de julio, para no politizar el asunto.