La Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con las procuradurías estatales, trabaja en la integración de una base de datos para determinar el número de casos de desapariciones en México en los últimos años, ya que a diferencia de las desapariciones forzadas de los años 70 y 80 en el país, y que son atendidas por el Ministerio Público Federal (MPF), las denuncias que se presentaron en la última década son competencia de las procuradurías estatales, por ser ilícito del fuero común, afirmó el subprocurador de Delitos Federales, Irving Barrios Mojica.

En entrevista con La Jornada, señaló que existe el compromiso del Estado de atender las recomendaciones que sobre el particular ha emitido la Organización de Naciones Unidas (ONU), y reveló que en los casos ocurridos durante la llamada guerra sucia, el MPF tiene abiertas 366 averiguaciones previas y, de ellas, 280 ya son relacionadas con desaparición forzada que se consideran documentadas, y para sancionar a los probables responsables ya se realizan diligencias con militares que pudieran estar involucrados.

“Efectivamente, a partir de la recomendación que hizo el grupo de trabajo de la ONU sobre desaparición forzada, se han dado los lineamientos para atender estos casos, y a la PGR compete hacer las investigaciones, aunque se debe hacer una distinción, ya que hablamos de dos tipos de desaparición forzada:

“El primero se refiere a las acontecidas durante la llamada guerra sucia, que ocurrieron en los años 70 y 80, y que sobre todo están relacionadas con hechos que sucedieron en el estado de Guerrero y que involucran la participación de alguna autoridad.

“En segundo término, se habla de las desapariciones que se conocen como levantones y que están aconteciendo en los últimos años en el país.

“Se debe observar que hay una especie de confusión en cuanto al término de desaparición forzada. Para algunas instancias los levantones que realizan grupos del crimen organizado vienen a ser asimilados para estos efectos como desaparición forzada de personas, pero el tipo penal involucra la participación de las autoridades federales o estatales o de otro nivel en estos ilícitos.

Es decir que alguna (autoridad) detenga a una persona, la sustraiga de su entorno y ya no se dé con su paradero. Ahí sí surte efecto el tipo penal, señaló Barrios Mojica, quien antes de ser designado subprocurador de Delitos Federales tuvo bajo su responsabilidad investigaciones relacionadas con el crimen organizado en materia de lavado de dinero y delitos contra la salud.

Respecto de los “hechos de los años 70 y 80, la ONU dice que el Estado debe conducir eficientemente las diligencias de la averiguación previa de Rosendo Radilla (quien fue desaparecido por militares en 1974, en Atoyac de Álvarez, Guerrero). Recomienda: Tú tienes que realizar todas las acciones para dar con el paradero de las personas que cometieron estos hechos y localizar los restos de Rosendo Radilla.

“Se ha trabajado con grupos de especialistas de Argentina y Guatemala para tratar de localizar los restos de Rosendo Radilla, pero hasta el momento no hay resultados positivos. Pero se sigue tratando de identificar sitios donde pudieran haber sido inhumados

A últimas fechas uno de los reclamos (de familiares y grupos civiles) fue que la PGR no estaba citando a los militares (probables responsables) a declarar. Los hechos tienen más de 30 años y muchas de las personas que estaban en ese entonces en activo en el Ejército, ya están en retiro. Para ubicarlos se han realizado reuniones con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Procuraduría de Justicia Militar. Ya se han hecho notificaciones y han comparecido varios militares para hablar de casos de los 70 y 80.

Aunque no quiso confirmarlo, la PGR tiene ya algunas declaraciones que citan la posibilidad de que algunos disidentes políticos de los 70 y 80 pudieron haber sido arrojados al mar mediante los llamados vuelos de la muerte.