En el caso de Florence Cassez, los hechos y las víctimas no comenzaron con un montaje. Los secuestrados pasaron entre 50 y 60 días vendados, amenazados, afirmó Samuel González Ruiz, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El ex funcionaro critica el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, que considera que debe ser liberada la ciudadana francesa, sentenciada a 60 años de prisión, al ser encontrada culpable de tres casos de secuestro.

Durante un foro organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el especialista en derecho consideró que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confunde debido proceso con presunción de inocencia, y que la teoría de prueba que utiliza es equivocada, porque los plagios existieron.

En tanto, en la SCJN, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, y el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, sostuvieron encuentros con los integrantes del máximo tribunal para tratar de convencerlos de que deben negar el amparo a Cassez.

Como adelantó La Jornada hace una semana, el Poder Ejecutivo buscaría convencer a los ministros del máximo tribunal de que son válidos los argumentos que el Ministerio Público Federal hizo valer ante los jueces que conocieron del proceso penal en el que se dictó sentencia condenatoria a la ciudadana francesa, y que la propuesta del ministro Zaldívar es equivocada, pues no hubo violaciones a las garantías de la procesada.

Fuentes de la procuraduría revelaron que entre los argumentos expuestos a diversos ministros de la Corte se encuentran los registros de las llamadas que la PGR realizó a la embajada francesa para informar de la detención de su ciudadana, pero que no hubo contacto por haber terminado su horario de labores. Asimismo, que las autoridades la dotaron de un defensor de oficio que depende del Poder Judicial de la Federación para que la asistiera durante las primeras diligencias del caso, por lo que se acredita que no se cometieron fallas que hubieran puesto en riesgo las garantías a un debido proceso o defensa.