El gobierno mexicano reconoció por medio de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República que existe la necesidad de fortalecer la atención al problema de las desapariciones forzadas en México, pero dijo que son bienvenidas las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el tema, y sostuvo que ya se están atendiendo 275 casos ocurridos en los años 70 y 80, mediante un programa de reparación del daño.

Las dependencias nacionales refirieron que actualmente se han realizado grandes esfuerzos institucionales para prevenir las desapariciones forzadas, incluyendo acciones específicas en los cuerpos de seguridad en los tres órdenes de gobierno.

A consideración del gobierno mexicano, muchas recomendaciones que ha recibido del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, ya se están instrumentando, y por ello se ha dado cumplimiento a la recomendación 26/01 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que encontró evidencia sobre 275 casos de desaparición forzada y detenciones arbitrarias cometidas en las décadas de los 70 y 80.

El programa de resarcimiento se desarrollará en cuatro etapas: indemnización, garantía de no repetición, acto de perdón o reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano y atención integral (salud, educación, empleo) a las víctimas y sus familiares, conforme lo indican los estándares internaciones en la materia”.

Según la información difundida, durante 2011 se cubrió el daño emergente, daño inmaterial y lucro cesante en 24 casos y durante este año se encuentra abierta la convocatoria a todas aquellas familias afectadas y señaladas en la recomendación 26/01 de la CNDH, y además la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales continúa con la investigación de casos de desaparición forzada de personas y la probable responsabilidad de quienes se ven involucrados en los hechos”.