Por unanimidad, el Senado de la República aprobó ayer una reforma constitucional para llevar al fuero federal los delitos contra periodistas, como una respuesta efectiva y contundente al reclamo social de evitar y sancionar los atentados contra el derecho a la libertad de expresión.

Nunca en la historia de nuestro país se habían cometido tantos crímenes contra periodistas en un sexenio, se recalca en el dictamen de esa minuta, que reforma al artículo 73, aprobado por 95 votos a favor y con la presencia en el recinto senatorial de directivos de medios, el representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, Mike O’ Connor, y la titular de la fiscalía para atender esos delitos, Laura Borbolla.

El pleno guardó un minuto de silencio por los comunicadores victimados y se resaltó que de 2002 a la fecha 66 periodistas han sido asesinados y 12 desaparecidos, sin que la mayoría de estos casos se haya aclarado ni los responsables hayan sido sancionados.

En tribuna, el senador priísta Carlos Jiménez Macías consideró vergonzoso que la violencia contra periodistas y medios se agrave en medio de la impunidad total.

Recalcó que muchos periodistas valientes, que han denunciado y levantado la voz en torno a un tema tan lacerante para la sociedad mexicana como es la inseguridad, han sido víctimas del crimen organizado. En ello coincidieron el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Jorge Legorreta y Ericel Gómez, de Movimiento Ciudadano.

El perredista Máximo García Zalvidea aclaró que esa modificación a la Carta Magna, lejos de dotar de privilegios a un grupo especial, lo que hace es proporcionar a “ese grupo de alto riesgo –ya que el periodismo es una de las profesiones más peligrosas del mundo– un mejor marco jurídico para su defensa”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Melquiades Morales (PRI), recalcó que otorgar a la Procuraduría General de la República (PGR) la facultad de atracción de delitos del fuero común contra comunicadores y medios no pretende invadir las esferas de competencia de las autoridades estatales, sino que la Federación se constituya en un soporte para la resolución de asuntos que por su naturaleza trascienden en el ámbito de las entidades.

La facultad se ejercerá, detalló, en aquellos casos en que las mismas autoridades estatales así lo soliciten o bien a petición de la víctima u ofendido, cuando el sujeto activo del delito sea un servidor público local.

El priísta precisó que con ese mecanismo de colaboración la PGR, las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Publica y otros organismos que combaten la delincuencia organizada articularán acciones para prevenir y combatir delitos cometidos contra el ejercicio de la libertad de expresión.

Asimismo, dijo, permitirá una mejor actuación de la la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, de la PGR, porque hasta ahora su capacidad de acción es limitada, ya que continuamente los tribunales judiciales invocan un discutible criterio de incompetencia.

El panista Alejandro Zapata Perogordo reconoció que no es todavía una reforma completamente concluida, pero abre la puerta para proteger a los periodistas y para que el Congreso garantice la libertad de expresión.