Pese a que el proceso electoral de 2012 contará con nuevas reglas, por las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) de 2007 y 2008, que establecen un modelo distinto de comunicación política en la que el Estado, por conducto del Instituto Federal Electoral (IFE), distribuye a los partidos políticos los tiempos en radio y televisión, hay una clara resistencia de estos poderes fácticos para acatar la normatividad, señalaron politólogos de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Miembros del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones (CEDE), de esa casa de estudios, destacaron que de continuar esta tendencia podemos caer en una espiral donde los medios electrónicos acaben por deslegitimar a los candidatos y, peor aún, al proceso mismo, lo que traería graves consecuencias para el país.

En entrevista con La Jornada, Manuel Larrosa Haro, especialista en sistemas electorales, señaló que tras la crisis de 2006 el Congreso “optó por una reforma que buscó atender dos de los grandes vacíos normativos que se enfrentaron. Por un lado, la inequidad en el acceso a medios de comunicación, en especial en radio y televisión, con todo lo que vivimos con las campañas negras y, por otro, el tema del conteo de votos”.

Sin embargo, dijo, enfrentamos nuevas resistencias que podemos constatar con la judicialización de los procesos electorales, lo que podría convertirse en uno de los principales retos para los próximos comicios , pues “subsisten temores de que se vuelvan a reditar campañas negras”.

Javier Santiago Castillo, coordinador del CEDE, explicó que la clase política nacional enfrenta una crisis en la que sólo pueden verse a ellos mismos y su deseo de retener o llegar al poder.

Por tanto, frente a la coyuntura política y social, a diferencia de 2006, agregó, hoy estamos ante un país más endeudado, desempleado y empobrecido, la confrontación de los medios electrónicos con la autoridad electoral, en particular con el IFE, buscando su desprestigio y deslegitimación, abona al camino de la inestabilidad política y eso afecta a todos, incluso a sus intereses.

Los medios de comunicación electrónicos, afirmó, no han asumido su responsabilidad social, pues no son únicamente empresas, son concesionarios de un bien público, pero, por el contrario, han ido tensando el proceso y a la autoridad, fomentando un caldo de cultivo de deslegitimación que, incluso, puede tocar a la propia elección.

A esto se suma, afirmó el investigador Juan González Reyes, que la reforma al Cofipe también estableció los elementos especiales sancionadores, con los que se ha ido judicializando el proceso electoral. Mediante una serie de recursos de impugnación se ha estado incidiendo en la contienda electoral, el ejemplo más reciente fue la decisión del tribunal electoral de sacar del aire el mensaje de Héctor Bonilla de 41 emisoras en más de la mitad del territorio nacional.