La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) propondrá a los cuatro aspirantes a la Presidencia de la República que, en caso de ser elegidos al cargo, impulsen reformas al artículo tercero de la Constitución para reconocer el carácter estratégico de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación, además que se les confiera prioridad dentro de las políticas federal y local.

En un documento aprobado ayer por el consejo nacional de la agrupación, el cual entregarán a los candidatos y está dirigido a todos los niveles de gobierno, los rectores de más de 160 universidades (públicas y privadas) plantean 10 ejes estratégicos de los que se desprenden 27 acciones prioritarias.

Entre las propuestas destaca incrementar la cobertura a 50 por ciento para el año 2020; crear la secretaría de educación auperior, ciencia y tecnología; realizar modificaciones legislativas para dar a las becas carácter de derecho y no de privilegio, sobre todo para los jóvenes de los primeros cuatro deciles de ingreso; aprobar presupuestos multianuales para el sector; establecer medidas de seguridad en los campus, y ampliar el posgrado nacional, para que en una década represente al menos 10 por ciento de la matrícula del nivel superior.

El texto, titulado Inclusión con responsabilidad social: una nueva generación de políticas de educación superior, que aún puede recibir comentarios de los rectores, plantea que universidades y gobiernos federal y estatales instauren una agenda de investigación científica y humanística basada en el principio de la inclusión con responsabilidad social, que atienda problemas prioritarios para el desarrollo del país como pobreza, marginación, inseguridad, delincuencia, debilitamiento del tejido social, alimentación, educación, salud, desarrollo sustentable (agua, medio ambiente, energías alternativas) y desarrollo productivo regional.

En conferencia de prensa, realizada tras la sesión del Consejo Nacional de la Anuies, Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), resaltó que la propuesta define la agenda de este nivel de estudios para los próximos años y ubica al conocimiento como palanca central para el impulso del desarrollo económico nacional.

Integrantes de la Anuies, encabezados por el secretario general de la agrupación, Rafael López Castañares, expusieron que para alcanzar 50 por ciento de cobertura para el ciclo escolar 2020-2021, se requiere asegurar la mejora continua en los niveles de ingreso y egreso del bachillerato (que hoy tiene una matrícula de 4 millones de jóvenes con un egreso anual de 800 mil, mismo que deberá elevarse a 1.3 o 1.5 millones de egresados al año, y que la inversión para el sector alcance 1.5 por ciento del PIB para ese año, lo que equivaldría a 190 mil millones de pesos para las universidades.

Tuirán subrayó que incrementar la cobertura representará un desafío organizacional en relación con la calidad de contenido y número de profesores que tendría que aumentar de 8 a 10 mil nuevos docentes al año.

En cuanto a apoyos económicos, el documento propone reformas a la legislación educativa para establecer el derecho de toda persona en condiciones económicas desfavorables a contar con una beca para cursar estudios de nivel medio superior y superior, siempre que satisfaga los requerimientos de carácter académico.

También habla de crear un sistema nacional de becas para ese nivel que instituya mecanismos de coordinación entre órdenes de gobierno, casas de estudio y programas, a fin de que todos los estudiantes en instituciones públicas de educación superior provenientes de familias situadas en los cuatro primeros deciles de ingreso cuenten con una beca que les permita permanecer en los estudios.

Plantea además la necesidad de suscribir un acuerdo nacional para el desarrollo de ese nivel de estudios, la ciencia, la tecnología y la innovación; analizar de manera integral en los ámbitos federal y estatales los regímenes de autorización de estudios superiores que imparten los colegios particulares, redefiniendo las reglas para el otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios; fortalecer la vinculación entre las instituciones de educación superior y la sociedad, y reforzar la relación con el sector productivo.