l martes 6 de abril, aún en el contexto de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, pedirá una disculpa pública a la dirigente mepha’a Inés Fernández Ortega, quien el 22 de marzo de 2002 fue violada por efectivos del Ejército Mexicano. Este acto de desagravio llega con 10 años de retraso, después de que Inés agotó todas las instancias de justicia nacionales sin encontrar respuesta y optó por llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 30 de agosto de 2010 la Corte declaró al Estado mexicano culpable de violación a la integridad personal, las garantías judiciales y el derecho de protección de la señora Fernández Ortega, así como de su esposo e hijas.

Por dicha sentencia, el Estado se ve obligado a reparar los daños, garantizar la seguridad futura de las agraviadas y castigar a los responsables en la justicia civil, así como adecuar la legislación nacional a los tratados internacionales en materia de fuero militar. Debe hacer un reconocimiento público de responsabilidades, por lo que el secretario de Gobernación viajará a la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, y en la plaza central pedirá perdón a Inés, validando las acusaciones ignoradas y negadas por más de una década.

El fallo de la Corte fue en sí mismo reparador, ya que después de años de espera reconoció la legitimidad de la denuncia de Inés y la responsabilidad del Estado en el uso de violencia institucional castrense contra la integridad física de la víctima.

Sin embargo, a casi dos años de la sentencia, los responsables de la violación siguen libres y las reparaciones colectivas, que incluyen la construcción de un albergue escolar y un centro comunitario de derechos para hombres y mujeres mepha’as, siguen sin implementar.

Inés, al igual que Valentina Rosendo Cantú, cuyo caso también fue llevado ante la CIDH, eran integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Mepha’a (OPIM), y sus violaciones son interpretadas y vividas por ellas, así como por sus familias a la luz de una memoria histórica que vincula la presencia del Ejército con la violencia y la impunidad que se ha desarrollado en Guerrero desde la década de los 70 del siglo pasado, a raíz de la llamada guerra sucia.

A esta historia se unen las memorias más recientes de la masacre de El Charco, en 1998, en el municipio de Ayutla de los Libres, donde tiene su oficina central la OPIM y donde se llevará a cabo el acto de desagravio.

Es en el contexto de esta historia reciente que las violaciones sexuales y la tortura han sido vividas como parte de un continuum de violencia que ha marcado la relación de los pueblos indígenas de la región con las fuerzas armadas.

Es por esta memoria histórica que una de las demandas más sentidas que expresó Inés Fernández fue el retiro de las fuerzas militares de la zona como medida indispensable que garantiza que no se repetirá.

Esto nos llevó a Héctor Ortiz y a mí, en el peritaje antropológico que presentamos ante la Corte, a recomendar que se establezcan mecanismos de consulta, por medio de sus instituciones representativas, para acordar condiciones, tiempo y motivos en los que el pueblo mepha’a concuerda con la presencia del Ejército en su territorio, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a derecho a consulta y el artículo 30 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en cuanto a actividades militares en zonas indígenas.

Desafortunadamente, esta recomendación no fue retomada en la sentencia, y el acto de desagravio se realizará en un contexto militarizado, en el que la violencia castrense se entreteje con la del narco, lo cual no da ninguna garantía de no repetición ni a Inés ni a las mujeres de la región.

Ante los ojos de Inés, meter a la cárcel al soldado violador no es hacer justicia, sino parar la violencia contrainsurgente en la región mepha’a, desmilitarizar a las comunidades, dar seguridad a las niñas y niños para andar por los caminos de la montaña sin ser agredidos; en este sentido, aún hay mucho camino por recorrer para responder a sus reclamos de justicia.

* Investigadora del Centro de Investigaciones y estudios Superiores en Antropología Social. Fue perito en la CIDH en el caso de Inés Hernández