La crisis que enfrentan los centros carcelarios del país es resultado del déficit de gobernabilidad al que nos ha conducido una clase política miope que intenta combatir a los delincuentes en las calles, pero no puede controlar a los ya recluidos, señalaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pedro Islardo de la Cruz, investigador en temas de seguridad pública y nacional de la máxima casa de estudios, aseveró que los responsables de lo que pasa en los reclusorios son los gobiernos estatales y el federal.

Algunos de los factores que afectan la ingobernabilidad que hoy viven los centros de rehabilitación social son: falta de alternativas de desarrollo educativo, económico, laboral y social, en particular para los jóvenes; carencia de un modelo alternativo a la prisión; un sistema basado en la elevación de penas, sumado a una deficiente gestión de las cárceles; sobrepoblación y la mezcla de delincuentes peligrosos con internos que cometieron delitos menores, así como corrupción de los dirigentes y abusos con internos y familiares, entre otros.

Subrayó que las cárceles mexicanas son espacios no para la reinserción o rehabilitación social, sino se han convertido en sitios donde se tiene que aprender a sobrevivir. Sus derechos (de los reos) se convierten en exigencias de aprendizaje y adaptación a un sistema de sobrevivencia que conduce a los internos y a sus familiares a usar la corrupción. En la medida en que hay drogas, armas, flujos millonarios de recursos y privilegios dentro de las cárceles, esto se presenta. Se necesita una reforma de gran envergadura para revertir esta situación, que tiene al menos dos décadas, dijo.

Diego Valadés, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que la crisis de los reclusorios es un termómetro de la falta de controles del Estado en materia de seguridad. Quieren dar resultados combatiendo a delincuentes que se encuentran en libertad y no pueden con los que están privados de ésta y que técnicamente son más controlables.

La situación de las cárceles es resultado de un deterioro institucional generalizado. Cuando un sistema de gobierno está agotado se llena de ineficiencia. Por ello, no podremos resolver un problema menor en la escala de las instituciones, como el de los reclusorios del país, cuando no hemos resuelto el problema mayor, que es el del Estado mismo, concluyó.