Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encargado del área de penales y de la supervisión penitenciaria, dice en entrevista: El penal de Apodaca, Nuevo León, tiene capacidad para mil 522 internos y al momento de la visita por parte de esta comisión había 2 mil 477.

Agrega que las calificaciones del penal son muy bajas en materia de gobernabilidad y personal de seguridad y custodia; en cuanto a obstrucción de celdas, los internos las cierran con candados. Hay un vigilante por cada 500 presos, es decir, muy poca o nula vigilancia y control. Las celdas están en malas condiciones, lo que propicia obtener pedazos de barrotes para convertirlos en puntas; los vidrios están rotos y hay obstrucción de visibilidad al interior. Los presos controlan entradas y salidas.

Estos datos son parte del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, que en los próximos días se presentará a la opinión pública y contiene información de 100 penales del país, con una población total de 161 mil 823 reclusos.

En ese contexto, el tercer visitador señala que la muestra del penal de Apodaca da cuenta de una situación delicada y su calificación es negativa. Sin duda, advierte Aguirre Aguilar, la calificación de los centros penitenciarios del país –en 2010 el promedio nacional fue de 6.59– bajará, porque no se ha invertido en construcción de nuevos penales, en rehabilitación de los existentes, no se cuenta con el personal suficiente en vigilancia y no se les ha capacitado ni se ha abatido la sobrepoblación.

Refiere que de acuerdo con información estadística penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), a octubre de 2011 la sobrepoblación en algunos penales llegaba a 250 por ciento. Ejemplo de ello son el Reclusorio Preventivo Guadalajara, que tiene capacidad de 3 mil internos y alberga a 7 mil 904; el Cereso de Ciudad Obregón, Sonora, pensado para 882 y cuenta con mil 802; el Centro de Prevención y Readaptación Social de Ecatepec, estado de México, con cupo para 958 internos y tiene 3 mil 71.

Más ejemplos: los reclusorios capitalinos Oriente, con capacidad de 4 mil 766, tiene una población de 12 mil 116; el Norte, planeado para 4 mil 508, mantiene 12 mil 38, y el Sur, creado para 5 mil 146, tiene una población de 8 mil 434 internos.

También se menciona el Penal de La Mesa, en Tijuana, Baja California, diseñado para 2 mil 712 y que da cabida a 6 mil 788; el de Mexicali, donde debía haber mil 780, lo habitan 3 mil 387; el Cereso de Hermosillo, Sonora, con capacidad de 2 mil 153 internos, tiene alojados a 4 mil 38 reclusos.

Aguirre Aguilar señala que en el Diagnóstico de supervisión penitenciaria 2012 se incluirán datos sobre gobernabilidad en penales, autogobiernos o cogobiernos, actividades ilícitas, corrupción, prevención y atención sobre la práctica de la tortura.

El tercer visitador de la CNDH se manifestó en contra de que el gobierno federal o los gobiernos de los estados privaticen las prisiones. Es decir, como el Estado no construye cárceles, pueden dar las sobras (sic) a la iniciativa privada, pero lo que no pueden delegar es la administración. Primero, porque la atención de las prisiones es responsabilidad del Estado, a la que no pueden ni deben renunciar las autoridades porque impactaría en la seguridad interior y tendría efecto inmediato en la seguridad ciudadana y procuración de justicia.

Insistió en que se requiere la suficiente energía y decidida voluntad política de cumplir con la reinserción social, ya que casi en la totalidad de los centros penitenciarios existe la imposibilidad de cumplir con ello, toda vez que no cuentan con las instalaciones debidamente equipadas ni con el personal técnico, administrativo y de custodia capacitado.

Además, concluye el funcionario de la CNDH, están la enorme corrupción y las deficiencias que presenta actualmente el sistema penitenciario, cuya expresión más alarmante está representada por los autogobiernos y cogobiernos, los cuales generan graves situaciones de inseguridad, explotación y extorsión permanente de los internos y sus familias.