Aunque con un retraso de por lo menos tres meses, la Secretaría de Gobernación continúa elaborando el reglamento de la Ley de Migración, al tiempo que legisladores y grupos civiles advierten que es necesario colocar en esta norma más garantías que eviten abusos contra ese sector de la población.

Subrayaron que ante la posibilidad de que el gobierno mexicano emita visas de trasmigrante o de tránsito (que favorecerían a quienes tienen como destino Estados Unidos, por ejemplo), no estén condicionadas a elementos imposibles de cumplir.

En este proceso, organizaciones que atienden a población extranjera enviaron al titular de Gobernación, Alejandro Poiré, varias propuestas para que se precisen con exactitud las tareas de las instancias que intervienen en este sector.

Al igual que los legisladores, subrayan que estas atribuciones deben estar reguladas, en especial las del personal vinculado a la seguridad nacional y al Instituto Nacional de Migración.

Específicamente piden la participación de grupos civiles en la toma de decisiones sobre control migratorio y, además, garantizar la seguridad e integridad de los defensores de extranjeros.

Por conducto de senadores del PRD, se entregaron a Poiré los resolutivos del diálogo que para este fin se realizó el pasado 26 de octubre, en el que se integra un apartado para especificar el trato a los menores migrantes, con énfasis en la tutela de éstos y la reglamentación para la unidad familiar.