La Cámara de Diputados aprobó –después de un debate de casi dos horas– una reforma a la Ley General de Desarrollo Social, para que las comisiones ordinarias en San Lázaro puedan opinar sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo para los programas sociales, a fin de ayudar a su simplificación administrativa y burocrática.

La reforma al artículo 50 de la citada legislación considera que el objetivo es incidir en el bienestar de la población beneficiaria y contribuir a la mejor planeación de los programas sociales y productivos relacionados con el presupuesto federal, que evite discrecionalidades, autoritarismos, decisiones unilaterales e impulse una cultura de evaluación.

Tal opinión deberá estar fundada y motivada conforme a los criterios de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Sobre el particular, el diputado petista Jaime Cárdenas Gracia adujo que las reglas de operación forman parte del presupuesto, y la Cámara de Diputados debería aprobarlas, no el Poder Ejecutivo.

A su vez, el priísta Mario Moreno Arcos expuso que la reforma busca involucrar a estados y municipios en una cuestión tan importante como son los programas sociales. Lo ideal, a final de cuentas, es la búsqueda de no solamente emitir la opinión, sino desde este Congreso emitir reglas muy claras de cómo debemos atender la marginación y la pobreza, que hoy son un flagelo.

El dictamen, que también reforma el artículo 26 de la citada ley, precisa que dicha opinión deberá fundarse y motivarse conforme a los criterios a que se refiere el decreto de presupuesto. En caso de no emitirla, a más tardar el 15 de febrero del ejercicio en curso, se entenderá como opinión favorable.

Por tanto, el Ejecutivo federal dará respuesta a la Cámara de Diputados en un plazo que no deberá exceder de 30 días naturales posteriores a la recepción de la opinión respectiva, realizando las adecuaciones que procedan. Si la respuesta no fuere favorable, la dependencia o entidad deberá fundar y motivar sus razones técnicas.

Por otra parte, la Comisión de Justicia aprobó en lo general un proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolecentes, con el propósito de que sea materia competente de jueces federales, no de estatales.

El presidente de la comisión, Humberto Benítez Treviño (PRI), explicó que debido a las lagunas legales, muchos de los adolecentes que se encuentran en procesos optan por aumentar su edad real, ya que tienen más garantías en un juicio como si fueran adultos.

Así, dicha ley contiene el principio de presunción de inocencia y la libertad bajo caución, así como alternativas a la prisión, sin tener que llegar a los brazaletes electrónicos que se aplican en adultos.

Entre las alternativas se encuentra el confinamiento, la vigilancia por medio de los padres de familia, así como de instituciones y organismos no gubernamentales, además de otras fórmulas.

El pleno acordó también conformar un subgrupo de legisladores para dar seguimiento y evaluar el impacto de las contingencias climatológicas en la sierra Tarahumara y promover las acciones de cooperación con el Ejecutivo federal.