La omisión del Instituto Federal Electoral (IFE) para obligar al cumplimiento de las pautas locales de 157 emisoras de Televisa y Televisión Azteca, que fueron exentadas de facto, altera la propaganda político-electoral en 18 por ciento de la que se transmite en las 15 entidades con elecciones coincidentes y en 24 por ciento en los 17 estados donde sólo habrá comicios federales.

La repercusión en la equidad de la contienda es diversa, pero hay entidades donde tiene particular relevancia, como el caso de Jalisco, donde 27 por ciento de las emisoras no bloquea las señales que se emiten desde el Distrito Federal y por eso en estos días se difunde la pauta de las precampañas capitalinas, donde el PRD tiene la mayor parte de los promocionales que le corresponden por prerrogativas, de acuerdo con los votos que ha obtenido en la capital del país; sin embargo, en Jalisco la proporción de votos perredistas es muy reducida, lo que va en detrimento del PAN, partido que detenta el poder en esa entidad.

En contraste, la inacción del IFE en relación con las 157 emisoras que no bloquean la señal hace nugatoria la veda de la intercampaña.

En Zatacecas y Baja California Sur, donde no debería haber propaganda electoral por las restricciones de la intercampaña federal, en 47 y 58 por ciento de las emisoras televisivas los electores pueden ver las precampañas de la capital del país.

En un informe de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se señala que entre el 18 de diciembre y el 7 de febrero sólo en 63 de las 157 emisoras exentadas de facto por el IFE se detectaron 45 mil 674 incumplimientos. En un oficio donde da respuesta a las interrogantes de algunos consejeros, el titular Alfredo Ríos Camarena explica las razones por las que no se ha procedido contra las televisoras, anteponiendo los argumentos de las empresas sobre la imposibilidad de bloquear las señales o fallas técnicas, y agrega:

La dirección, en acuerdo con la Secretaría Ejecutiva, se encuentra evaluando la forma más adecuada de realizar los requerimientos respectivos. Eso ocurrió el 9 de febrero, sin que a la fecha, concluidas ya las precampañas, haya visos de que el área ejecutiva emprenda acciones legales como hizo en años pasados, cuando no tenía todos los criterios que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido en favor del IFE para respaldarlo en esta tarea, por ahora inutilizados por el instituto.

El impacto negativo de realizar excepciones en las emisoras fue advertido desde que se aprobó el catálogo de estaciones de radio y televisión para este proceso electoral: “el cumplimiento de la obligación constitucional por cada una de las estaciones resulta indispensable y adquiere relevancia en una elección federal coincidente con diversas elecciones locales, puesto que una determinación contraria implicaría una alteración a la distribución de los tiempos de los partidos (…) ya que los mensajes ordenados en la pauta del Distrito Federal serían retransmitidos en los canales de todo el país y se vería alterada la pauta”.

Las omisiones de las televisoras, admitidas de facto por el IFE, han tenido repercusiones directas en estados donde hay elecciones coincidentes, en función del porcentaje de estaciones de televisión que no bloquean la señal: en Chiapas, 40 por ciento de las emisoras transmiten la pauta capitalina en vez de la local; en Colima, 38 por ciento; en Guerrero y Jalisco, 27 por ciento; en Tabasco, 31 por ciento; en Campeche, 23 por ciento, y en San Luis Potosí, 32 por ciento.

Por el contrario, en los estados donde no habrá elecciones y que deberían estar en veda, no la habrá para muchas televisoras, repercutiendo de manera global en 24 por ciento de ellas, donde se mantendrán los mensajes electorales capitalinos hasta el 18 de marzo. Los más afectados son: Baja California Sur, 58 por ciento de estaciones; Chihuahua, 30 por ciento; Coahuila, 26 por ciento; Quintana Roo, 25 por ciento, Durango, 29 por ciento; Michoacán, 34 por ciento, y Aguascalientes, 33 por ciento.

En esas estaciones la intercampaña federal no será de 45 días, como ordena la ley, sino de 11 –entre el 19 y el 29 de marzo– si se mantienen los nuevos criterios del IFE.