En los 10 años recientes México ha autorizado otorgar refugio a mil 600 extranjeros, nivel mínimo si se compara, por ejemplo, con los 45 mil guatemaltecos beneficiados con esta figura en la década de los 80.

En la actualidad la lista de refugiados es encabezada por ciudadanos procedentes de Colombia y Haití, seguidos por centroamericanos, africanos y asiáticos.

Ayer la Secretaría de Gobernación presentó el reglamento de la Ley sobre Refugio y Protección Complementaria, que entra en vigor este miércoles, mediante el cual se protege a los extranjeros de una posible expulsión, aunque a la larga se quedan en México sin gozar de derechos que les permitan su integración económica y social.

Gustavo Mohar, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, remarcó la visión de la Organizació de Naciones Unidas (ONU) de que los refugiados no constituyen una amenaza para la seguridad nacional, sino son las primeras víctimas de la inseguridad, la violencia y el terrorismo.

Sin embargo, la vinculación entre migración y seguridad nacional es hoy una realidad. En este contexto, estados democráticos como el mexicano tienen una tarea difícil al conjugar el legítimo ejercicio de sus derechos de soberanía con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, señaló.

Con ese desafío entró en vigor la Ley de Refugio el pasado 27 de enero, así como el reglamento publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de definir la situación de refugiado y dar cumplimiento –dijo– a estándares internacionales, especialmente la no discriminación y la unidad familiar.

En tanto, Sin Fronteras –organización defensora de los derechos de los migrantes– celebró el avance que representa la publicación del reglamento de la Ley sobre Refugio y Protección Complementaria, pero advirtió que el documento tiene graves carencias y advirtió que se requiere poner en marcha otros mecanismos e instancias que garanticen la aplicación de criterios imparciales en el proceso para conceder el estatus de refugiado.

Destacó que hay extranjeros a quienes no se concede el rango de refugiados ni el de protección complementaria y son deportados aun cuando se encuentran en situación de riesgo si regresan a su patria.

Es necesario crear un consejo en el que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dependiente de Gobernación, no sea juez y parte en la revisión de los casos, expuso Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras.

En entrevista posterior a la ceremonia realizada en la Secretaría de Gobernación, sostuvo que a las organizaciones civiles que trabajan directamente con población migrante les preocupa la criminalización que puede persistir contra los migrantes.

Durante la ceremonia, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, aseveró que la elevadísima prioridad del gobierno del presidente Felipe Calderón son los derechos humanos.

Aseveró que en México nadie es ni debe ser discriminado por aspectos raciales, migratorios o de cualquier otro tipo.

El funcionario comentó que el ejemplo de la situación que viven los refugiados indica que nada ni nadie tiene derecho a que renunciemos a nuestro destino; nada ni nadie tiene derecho a que nos rindamos ante la adversidad.

Más tarde, en un comunicado, Sin Fronteras indicó que entre las carencias del reglamento destaca que no se incluye un mecanismo para detectar a los solicitantes de asilo y beneficiarios de protección complementaria, ni se prevén más alternativas que la detención.

Además, no se proponen políticas públicas con presupuesto suficiente para acompañar un proceso de integración efectivo; no hay recursos frente a una resolución que niegue el estatus de refugiado, ni se crean mecanismos institucionales de participación de la sociedad civil y de los propios solicitantes de asilo.

Sin Fronteras recordó que hace unas semanas publicó un estudio sobre la integración sociocultural de los extranjeros residentes en México, en el cual recaba testimonios positivos, pero también muchos negativos que dan cuenta de la xenofobia que permea en algunos estratos de la sociedad mexicana.

La organización defensora de los derechos de los migrantes hizo un llamado a seguir trabajando para perfeccionar la Ley sobre Refugio y Protección Complementaria, con el propósito de superar los desafíos que enfrenta esa población al llegar al país.