La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, lamentó el asesinato de 44 reos y la fuga de 30 más del penal de Apodaca, Nuevo León, y llamó a las autoridades mexicanas a realizar una investigación completa sobre el caso y concretar acciones preventivas para que en el futuro no ocurra algo similar.

Estamos alarmados de que 44 detenidos en el estado de Nuevo León fueran asesinados el 19 de febrero, presuntamente por miembros de un grupo delictivo organizado, y 30 de los detenidos, la mayoría acusados de delitos graves, hayan escapado. Esto viene después de la muerte de 31 detenidos y 13 que resultaron heridos el 4 de enero de este año, en un enfrentamiento entre grupos rivales en una penitenciaría en Altamira, Tamaulipas, recordó la funcionaria.

En declaraciones realizadas en la ciudad de Ginebra, Suiza, Pillay llamó al gobierno de México a iniciar una investigación independiente y exhaustiva sobre la masacre y fuga ocurridas en Apodaca, y a castigar a los responsables de las mismas, incluidas las autoridades del centro penitenciario.

Asimismo, agregó, deben aplicarse medidas de seguridad para evitar que estos hechos sucedan en el futuro y por ende garantizar que haya normas mínimas para las personas detenidas en instalaciones federales y estatales, conforme a las obligaciones internacionales firmadas por México.

Por último, llamó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a seguir de cerca las condiciones de detención en todo el país.

Cárceles, espacios sin control del Estado

Por su parte, el presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Ernesto López Portillo, afirmó a propósito del tema que aunque las prisiones son en teoría espacios bajo el mando del Estado, perfectamente controlados, en realidad hace tiempo que esto no sucede. El Estado mexicano entregó parcial o totalmente el gobierno de los reclusorios a manos de poderes privados asociados a la delincuencia organizada. El fenómeno se agudizó en la medida en que no se diseñó una estrategia de administración de riesgos que separara a los presos por delitos violentos de los que no lo son, indicó.

En las prisiones existen autogobiernos de liderazgos violentos que imponen su ley de igual o peor manera que antes de estar ahí, por lo que es urgente rediseñar el sistema penitenciario en su totalidad para tener mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas a largo plazo, y asumir diferentes espacios en función del motivo por el que metieron a la gente, para no combinar a presos con riesgo bajo con otros de riesgo alto”, aseveró el especialista.