a izquierda de entonces se agiganta frente a la de hoy. Al leer cuidadosamente la prensa liberal del último tercio del siglo XIX mexicano, salta un tema reiteradamente: el del derecho de los ciudadanos a elegir su creencia religiosa, o a conscientemente no profesar alguna. Aparejado a lo anterior, destaca también la lúcida crítica enderezada contra los enemigos de la libertad de conciencia: los altos clérigos de esos tiempos y sus corifeos ideológicos.

Gracias a la excelente Hemeroteca Nacional Digital de México, en diligente y cuidadoso resguardo de la UNAM, he podido en los meses recientes leer y releer los debates periodísticos entre liberales y conservadores sobre el tópico de la libertad de cultos y creencias. En el bando de los primeros hubo extraordinarias publicaciones diarias o semanales, en las que casi cotidianamente se hacía férrea defensa de las leyes juaristas que rompieron la hegemonía política y social de la Iglesia católica. Destaco solamente tres de esas publicaciones: La Orquesta, El Siglo XIX y El Monitor Republicano.

A la posibilidad legal abierta por la Constitución de 1857 y, sobre todo, por la Ley de Libertad de Cultos juarista del 4 de diciembre de 1860, respecto de que la ciudadanía pudiese optar por una confesión religiosa distinta al catolicismo, le siguió obviamente la decisión de algunos y algunas personas por ejercer el nuevo derecho. La congruencia de los liberales decimonónicos es evidente al defender tanto el derecho teórico, legal, como el ejercicio concreto de ese derecho.

Un ejemplo de muchísimos que podríamos citar es el de Ignacio Manuel Altamirano. El 27 de marzo de 1870, en El Siglo XIX, refiere que desea ocuparse de un hecho que en mi calidad de liberal y de amigo de la tolerancia y de la civilización, no puedo dejar inapercibido. Menciona que en el pueblo de Xalostoc, Tlalnepantla, una congregación protestante de 70 integrantes fue agredida verbal y físicamente. Incluso el maestro de escuela que es un católico rabioso y el grupo agresor que lo seguía amenazaron con fusilar a los líderes de la congregación evangélica. La protección de sus correligionarios impidió que la turba atacante pudiese cumplir su propósito. De todos modos los protestantes fueron llevados ante el juez de la localidad. Fuera de las instalaciones judiciales “la multitud se agolpó allí […] comenzó a aullar furiosa y sedienta de sangre: mátenlos, acábenlos, quémenlos, etcétera”.

Altamirano narra la posterior liberación de los protestantes y exige que sus intolerantes atacantes sean juzgados y sancionados por su conducta contraria a las libertades vigentes. Dice que es “preciso ser enérgico para reprimir estas manifestaciones de salvaje intolerancia […]. Es hora ya que la tolerancia religiosa sea un hecho práctico y favorecido por las autoridades, como un hecho legal. De otro modo habríamos dado ese gran paso en la vía del progreso, de dicho solamente, y la reforma quedaría trunca”. No sería la primera vez; lo hizo en varias ocasiones que ocupó su tribuna periodística para denunciar la intolerancia contra las nacientes congregaciones protestantes.

En contraparte la izquierda de hoy, en términos generales, tiene ideas y conductas más bien mochas en lo tocante a defender tajantemente los derechos de las minorías religiosas. Es decir, regatea el derecho a construirse una nueva identidad religiosa por quienes deciden otra opción confesional distinta al catolicismo. Para explicar la diversificación religiosa que crece en México, desde la izquierda se echa mano de seudoexplicaciones conspirativas más propias del conservadurismo. Cuando de criticar y denunciar acciones intolerantes como de las que se ocupó Ignacio Manuel Altamirano se trata, no faltan argumentaciones disfrazadas de progresismo que culpabilizan a los perseguidos por atreverse a desafiar la creencia religiosa tradicional y todavía dominante en México.

La izquierda tiene que ser consecuente con el discurso de reconocer crecientemente los derechos de una ciudadanía que todos los días se diversifica. Cuando ponen en duda las razones de los propios conversos a un determinado credo que es ajeno a la Iglesia católica, y explican esas conversiones como traición a la identidad nacional, están reproduciendo una idea que favorece el inmovilismo cultural y sanciona simbólica o realmente a los disidentes de una construcción social/cultural que se edificó con base en determinados valores ideológicos.

En el México de hoy se siguen perpetrando actos persecutorios contra los creyentes de distintas confesiones no católicas. Desde la izquierda esos actos deben ser duramente criticados, sin regatearle sus derechos a los acosados por los partidarios de la religión única. Ya sabemos que la derecha tiene en su agenda acrecentar los espacios legales para otorgar privilegios a la jerarquía católica, que no a los ciudadanos y ciudadanas católicos, con el cuento de que reformando el artículo 24 de la Constitución para dar cabida a mayor libertad religiosa se ampliarán los derechos de todos los mexicanos.

La heredera natural de los liberales, que fue la izquierda en el siglo XIX, es el sector intelectual y político que tiene por objetivo el respeto y auspicio de la diversidad que se gesta en la sociedad. Una vertiente de esa diversificación es la pluralización religiosa, la cual tiene una dinámica que apunta hacia la constante disminución porcentual del catolicismo. Ante tal realidad debe abandonarse la óptica de la izquierda mocha, que estigmatiza el cambio y favorece la creación de un clima social intolerante que arrincona y deslegitima identidades ya bien arraigadas en el país.