Aunque el gobierno federal ha promovido recientemente diversas reformas legales en materia de derechos humanos, no existe una aplicación real de dichas iniciativas ni un programa de monitoreo de las mismas, y es por ello que la discriminación contra migrantes, indígenas y otros grupos vulnerables no ha podido ser erradicada.

Así lo afirmó Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional (AI) sobre México, quien en entrevista con La Jornada analizó el informe que una delegación del gobierno federal entregó los pasados martes y miércoles en Ginebra, Suiza, ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (Cerd), en donde explica cuáles han sido los avances del país en dicho ámbito.

El documento es una reflexión general sobre la postura de México, en donde reconoce la existencia del problema y dice cómo lo ha combatido a través de políticas públicas, pero la realidad es que no se registran pasos concretos para atender a los sectores afectados, indicó el especialista.

A pesar de la gran cantidad de iniciativas para detener las violaciones de derechos humanos, éstas no han tenido éxito debido a la falta de coordinación y liderazgo que permea a las instituciones de gobierno.

Cada instancia sigue su propio camino. Hablan de coordinación, pero en realidad cada una va por lo suyo, e incluso compiten entre ellas. Por eso su política es débil, a pesar del dinero invertido. Hemos solicitado varias veces el número de acusados y sentenciados por abusos contra migrantes, pero no lo tienen o no lo dan a conocer, y sin él no pueden evaluar sus programas, lamentó Knox, en charla telefónica desde la sede de AI en Londres.

Una de las razones por las cuales los derechos de migrantes e indígenas siguen siendo violados, agregó, es porque se trata de grupos marginalizados, que no tienen poder político para reivindicarse, ni pueden reclamar para que sean tomados en cuenta.

Ejemplo de lo anterior es la falta de acceso de los indígenas a la justicia y la salud, servicios que las autoridades no les brindan de forma adecuada, en su idioma y sin actitudes discriminatorias, lo que refuerza la brecha social y genera abusos como el que padece el indígena mazahua Hugo Sánchez, sentenciado a más de 30 años de cárcel por un secuestro que nunca se comprobó en juicio, subrayó.

Además de los trabajadores indocumentados y los pueblos originarios, Knox alertó que otros grupos vulnerables son los afrodescendientes y las mujeres indígenas pobres, quienes padecen una triple discriminación.

En mayo próximo el Cerd hará públicas sus conclusiones y recomendaciones, que aunque no tienen un carácter vinculante, se incluirán en los balances de Naciones Unidas sobre el nivel de cumplimiento de México de diversos tratados internacionales.