El gobierno federal incrementó en 500 por ciento el gasto de comunicación social en los últimos cinco años. En 2006 destinó 476 millones 627 mil de pesos, y en 2010 ese monto se ubicó en 2 mil 850 millones 678 mil.

En su informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sostiene que el gobierno federal no acreditó con información que las erogaciones realizadas se han apegado a los criterios de economía, austeridad y racionalidad, dado que esos gastos no se consideran prioritarios. Cabe señalar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 consignó que no se podían realizar ampliaciones o traspasos a los conceptos de comunicación social y publicidad, con la salvedad de situaciones contingentes, promoción comercial de las entidades que generan mayores ingresos y los ingresos excedentes que obtenga el Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios migratorios.

La tendencia al alza que aplicó la administración de Felipe Calderón para difundir sus mensajes sobre programas y actividades gubernamentales se disparó desde 2007, cuando dispuso de 574 millones 188 mil pesos, en 2008 destinó mil 769 millones 689 mil, y en 2009 gastó 2 mil 277 millones 720 mil.

La ASF señaló que su análisis es pertinente por las nota periodísticas en que se denuncia que el Presidente de la República gastó 6 mil 479 millones de pesos en publicidad y promoción de imagen en 2010, esto es, casi el triple de lo autorizado por el Congreso para el rubro (alrededor de mil 600 millones), lo que es excesivo e irregular y avala la necesidad de ejecución de la auditoría.

Dijo que en el caso de la Presidencia de la República, informó que previo a los procesos de adjudicación directa relacionados con las actividades de comunicación social, se realizaron visitas a varios proveedores para determinar cuál contaba con el equipo, instalaciones y personal necesarios para cumplir las necesidades de la unidad responsable solicitante del servicio.

Sin embargo, dicho procedimiento no se encuentra regulado y no se cuenta con evidencia práctica, dado que únicamente se integran los resultados en la justificación de cada proceso.

Por ejemplo, se observó que el proveedor Lexia Investigación Cualitativa, SA de CV, realizó sesiones de grupo de las que no se proporcionaron las grabaciones realizadas en audio y video que debía entregar a la compañía que realizó la investigación.

La Presidencia incurrió en la coemisión de campañas de políticas públicas en el ámbito de la salud, infraestructura y de la conmemoración del bicentenario de la Independencia, hecho irregular, como evidencia la conclusión de la ASF.

No se cuenta con un documento que sustente las coemisiones ni su impacto presupuestal en cada dependencia, ni a escala global por cada versión, dado que los gastos para la producción, posproducción, trasmisión y evaluación se encuentran fragmentados en cada una de las dependencias participantes, por lo que no es factible determinar el costo beneficio de éstas.