La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que 87.3 por ciento (3 mil 966 planteles) de 4 mil 544 bachilleratos públicos revisados no tienen servicios médicos; 60.2 por ciento (2 mil 736) carecen de biblioteca, 50.1 (2 mil 278) no tienen salas de cómputo, 10.7 (484) disponen de inmuebles con más de 31 años de antigüedad y 8.6 (391) no son apropiados para uso educativo.

De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2010, hasta 2043 se alcanzará la cobertura universal de la enseñanza media superior, lo que implica un retraso de 22 años respecto a lo que ordena el decreto firmado la semana pasada por el presidente Felipe Calderón, que hace obligatoria la impartición de dicho nivel educativo.

Evidenció que al comparar los mil 444 millones 742 mil 300 pesos distribuidos para la infraestructura del bachillerato con los mil 150 millones 238 mil 100 comprometidos en los convenios de colaboración, resultó una diferencia de 294 millones 504 mil 200 pesos, sin que la Secretaría de Educación Pública (SEP) acreditara las causas de esta situación.

El informe revela que después de 18 años de operación del programa Carrera Magisterial –impulsado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por Elba Esther Gordillo–, de un millón 267 mil 593 maestros de primaria y secundaria, sólo 1.6 por ciento, esto es, 21 mil 334, tienen el máximo nivel del programa, esto es, son buenos o excelentes maestros.

Del total de docentes, sólo 17.3 por ciento pasó los exámenes nacionales de actualización de maestros en servicio (Enams), 14.6 los reprobó y 68.1 no los hizo, por lo que la ASF recomendó a la SEP –entre un cúmulo de observaciones– aplicar los mecanismos necesarios para aumentar el número de docentes que acreditan dichas evaluaciones.

Esto, porque de cada 10 mentores, dos pasaron su actualización mediante esas pruebas, dos las reprobaron y seis no las presentaron.

Aunque el gobierno calderonista promociona la creación de mil bachilleratos nuevos en este sexenio, la ASF estimó que para lograr la universalización de la preparatoria en 2021, como prometió el Ejecutivo, se necesitan 338.5 mil aulas adicionales para dar cabida a 9.5 millones de estudiantes, es decir, más del doble de los inscritos hoy día.

Entre las consecuencias sociales, subrayó que la SEP y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) no contaron con el diagnóstico de cobertura y calidad del equipamiento del bachillerato que permitiera tener planes de trabajo para el mejoramiento, ampliación y modernización de las 10 mil 26 escuelas públicas de dicho nivel en todo el país.

Pese a las carencias y el deterioro en que se encuentran dichos planteles, el programa sólo atendió a 2 mil 310 de los 10 mil 26 centros educativos.

En el nivel básico, la situación no es muy distinta, ya que entre 2008 y 2012 la dependencia previó atender a 14 mil 529 escuelas adonde asisten casi 2 millones de alumnos, cuyo equipamiento está en estado malo o pésimo. Sin embargo –advirtió– no se han registrado avances.

En la Cuenta Pública 2010 la SEP reportó un ejercicio de 149 millones 538 mil 800 pesos en el equipamiento de primarias y secundarias, los cuales, pese a que se distribuyeron en 31 entidades, sólo Yucatán concentró 77 por ciento de los recursos, 21 estados se ubicaron por debajo de uno por ciento de participación y nueve tuvieron entre 1 y 4 por ciento.