Cerrarse inflexiblemente a cambiar la estrategia de la prohibición total de los estupefacientes, y el uso exclusivo de la fuerza en contra de la violencia que genera el crimen organizado, hace imposible tener una sociedad más sana y segura y reducir el uso de sustancias ilícitas, advirtieron especialistas que participan en el foro internacional Drogas: un balance a un siglo de su prohibición, que se lleva a cabo en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología.

Ethan Nadelman, científico estadunidense y director de Drug Policy Alliance (Alianza de Políticas contra las Drogas); Jorge Hernández, politólogo e internacionalista de la UNAM, y Donald McPherson, principal impulsor de Supervised Injection Facility (InSite), centro que supervisa la aplicación de inyecciones a adictos, con sede en Vancouver, Canadá, advirtieron que la cerrazón al cambio impide que un país como México se vincule exitosamente a los procesos de globalización, ya que la prohibición es la lógica del pasado.

Asimismo, el investigador de la Universidad nacional Autónoma de México (UNAM) Luis Astorga aseveró que la estrategia punitiva del gobierno federal en contra del crimen organizado ha fracasado.

Los ponentes coincidieron en señalar que en buena medida la situación de violencia que vive el país tiene que ver con una mala aplicación de la ley de prohibición absoluta, por lo que se manifestaron por una alternativa valiente que empieza por acercar los polos opuestos, es decir, las posiciones de los que apuestan a mantener la prohibición a todo y aquellos que proponen la legalización absoluta.

Nadelman y McPherson hablaron de experiencias que han permitido en Estados Unidos y Canadá un mayor control de los adictos a drogas como la mariguana y la heroína, y al mismo tiempo una reducción en los índices de violencia, así como de contagios de enfermedades tales como la hepatitis y el sida.

De acuerdo con el investigador de la UNAM, la regulación de las drogas y de sus mercados es una condición necesaria, si bien insuficiente, para solucionar los retos que en esa materia enfrenta México, y aseguró que no existe una relación comprobada entre las drogas y la violencia; esta última, en todo caso, se encuentra asociada más a la ruta del tráfico que a los hábitos de consumo, a contracorriente de lo expuesto en la inauguración por Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón.

Como ejemplo, Jorge Hernández mencionó al estado de Hidalgo, que tiene un alto índice de consumo con poca violencia, mientras que en Guerrero, con un menor consumo, los índices de violencia son significativamente mayores.

De su parte, McPherson consideró que la alternativa de regular legalmente el consumo de algunas drogas, no sólo le resta mercado a las organizaciones criminales, sino permite tener un control sobre los consumidores. La gente lo sabe, los políticos lo saben, la policía lo sabe, pero nadie hace nada, dijo. Destacó que la regulación del consumo de estupefacientes es una solución innovadora a un problema social, es una propuesta eficiente, efectiva, sustentable, justa que ya atiende directamente a un problema social.

Por la tarde, al abordarse la relación entre drogas y violencia, Luis Astorga señaló que en el marco de la reconfiguración política del país, todos los partidos, solos o en coalición, tienen posiciones de poder y tres opciones frente a las bandas de traficantes tendientes cada vez más al ejercicio de estrategias de tipo mafioso-paramilitar: hacer un frente común para aplicar la ley, lo cual implicaría la creación de una política de seguridad de Estado en la que todos asumen su responsabilidad y suman fuerzas; establecer relaciones estratégicas de beneficio mutuo entre grupos políticos gobernantes y organizaciones delictivas, o no hacer nada y dejar que las organizaciones delictivas impongan sus reglas.

Las dos últimas implican consolidación de relaciones autoritarias y de corrupción en detrimento de la sociedad. No existen las organizaciones criminales democráticas; tampoco soluciones inmediatas para convertir a México en una democracia sólida, retirar a las fuerzas armadas ni legalizar las drogas actualmente prohibidas. Lo anterior no significa la inacción ni el abandono de esas aspiraciones, dijo.

Propuso “aprovechar los resquicios de las convenciones internacionales sobre drogas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y tratar de modificarlas a través de la presión de la sociedad civil organizada –y bien informada– sobre el gobierno mexicano para que ejerza una diplomacia inteligente y arriesgada, en colaboración con países menos ortodoxos en asuntos de drogas y la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, que han mostrado voluntad para contribuir a cambiar el régimen prohibicionista internacional”.