La proliferación de operaciones cesáreas en el país, propiciadas por el interés económico de hospitales y médicos, se encuentra a debate en la Cámara de Diputados, donde el pleno congeló una reforma a la Ley General de Salud que pretende regular dichas intervenciones quirúrgicas, pues se han convertido en el método más usado para el nacimiento de niños en el país.

La propuesta de reforma al artículo 62 bis de la Ley General de Salud pretende que la operación cesárea únicamente sea efectuada cuando exista causa médica que la justifique, y su práctica deberá sujetarse a las disposiciones de carácter general que para el efecto emita la Secretaría de Salud, las cuales tendrán que publicarse en el Diario Oficial de la Federación”.

La iniciativa fue rechazada por los grupos parlamentarios del PAN y PRD con el argumento de que se estaría violando un derecho fundamental de las mujeres, el de la elección.

Ariel Gómez, legislador perredista –de quien no se olvida que se expresó de manera despectiva y racista de los haitianos afectados por el terremoto de 2010 como negros abusivos, a los que habría que marcar con tinta blanca una vez que recibieran la ayuda internacional–, argumentó que de aprobarse la reglamentación de las cesáreas en la República, se podría estar violando el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Incluso llegó a proponer en tribuna que la reforma al artículo 62 bis fuera redactada con los siguientes lineamientos:

La operación cesárea será efectuada cuando exista causa médica que la justifique, y en todo momento la madre deberá estar siendo informada de dicho procedimiento.

Al hacerse eco de esa posición, Laura Elena Estrada (PAN) sostuvo que cuando las mujeres acuden a un alumbramiento van acompañadas de familiares y serían ellos los que decidirían la cesárea en caso de estar en riesgo la vida de la madre o del bebé.

Con estas propuestas de cambio al contenido de la iniciativa, ésta regresó a la Comisión de Salud para que los legisladores elaboren una nueva redacción.