or unanimidad, el Tribunal Supremo de España inhabilitó ayer por 11 años al juez Baltasar Garzón, acusado de haber grabado en forma ilícita las conversaciones que sostuvieron en la cárcel los principales implicados en el proceso sobre corrupción conocido como caso Gürtel, una trama de robos millonarios al erario cometidos por funcionarios pertenecientes al derechista Partido Popular (PP), actualmente en el poder. El máximo órgano judicial ibérico concluyó, tras el desahogo de las pruebas, que la conducta de Garzón no se debió a una interpretación errónea de la ley, sino a un acto arbitrario que vulneró el derecho de defensa de los demandantes, y que es equiparable a prácticas de regímenes totalitarios.

Garzón está sujeto, además, a otros dos juicios, uno por haber realizado cobros –presuntamente ilegales– por una cátedra dictada en 2005 en la Universidad de Nueva York, cuando se encontraba de licencia de su plaza en la Audiencia Nacional, y otro por haber dado curso a un proceso en torno a los crímenes cometidos por la dictadura franquista, el cual concluyó el pasado martes y cuya sentencia será emitida en los próximos días. Así pues, la referida inhabilitación por 11 años, más la sanción a que pudiera hacerse acreedor en los otros dos procesos, ponen en perspectiva el fin de la carrera del juzgador, célebre en el mundo por haber iniciado acciones legales contra Augusto Pinochet y otros militares latinoamericanos responsables de crímenes de lesa humanidad.

Es innegable que durante su desempeño como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Garzón exhibió muchos rasgos arbitrarios, inescrupulosos y extralimitados en el ejercicio de sus funciones, algunos botones de muestra: su faceta de persecutor implacable de la lengua y la cultura vascas en nombre de la lucha contra el terrorismo de ETA –que se saldó con el cierre injustificado de diarios abertzales–; su papel como conspirador, en distintos momentos, contra los dos principales partidos de España –el Socialista Obrero Español y el propio PP–, y en general su actitud protagónica y arrogante en un cargo que requiere desempeñarse en forma equilibrada y ajena a personalismos. Ahora, según puede verse, los vicios de su desempeño abrieron un margen de maniobra para el acoso y el linchamiento en su contra, desvirtuaron una pesquisa judicial, sin duda deseable y necesaria, y facilitaron el encubrimiento de un entramado de corrupción, lavado de dinero, fraude fiscal y tráfico de influencias que involucra a decenas de dirigentes del partido que encabeza Mariano Rajoy.

Por otra parte, si se toma en cuenta la coincidencia temporal entre los múltiples procesos que enfrenta Garzón, resulta imposible desvincular el fallo dado a conocer ayer de la disputa ideológica emprendida por la reacción española en contra del juez tras su decisión de investigar los crímenes de la dictadura franquista.

Cabe recordar que cuando Garzón inició las pesquisas en torno a esos crímenes fue acusado de prevaricación por la organización ultraderechista Manos Limpias, sindicato fantasmagórico que ha venido desempeñándose como brazo judicial del PP y que recibió asesoría de Luciano Varela, uno de los siete magistrados del Tribunal Supremo que ayer avalaron por unanimidad la inhabilitación.

El dato permite ver que el proceso contra Garzón tiene mucho de farsa, presenta al Tribunal Supremo como una maquinaria de encubrimiento, de conjuras y complicidades y exhibe el predominio de la derecha neofranquista en las instituciones judiciales de España y la ferocidad de su reacción ante la amenaza de ver interrumpida la impunidad de que han disfrutado sus integrantes desde que en ese país se estableció, hace ya más de tres décadas, una democracia parlamentaria en la modalidad de monarquía constitucional.

En suma, el acoso judicial contra Garzón es un síntoma más de la precaria condición e incluso del retroceso de la democracia española contemporánea y un recordatorio de la amenaza que enfrentan las libertades, los derechos, la transparencia y las perspectivas de esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad en ese país.