La resolución del Instituto Federal Electoral (IFE) para blindar las elecciones ante cualquier intromisión del crimen organizado es completamente inocua, advirtió el perredista Pablo Gómez.

Sostuvo que en realidad no sirve para nada, porque lo único que dice es cúmplase la ley, y ésta no se cumple.

Coincidió con el perredista el representante del PAN ante el IFE, José Guillermo Bustamante, quien dijo que su partido acata la resolución, pero considera que no le están entrando en serio al problema ni tienen ningún interés de atacarlo frontalmente, y lo único que se está haciendo es poner parchecitos.

Por lo demás, consideró que la actitud del PRI al aceptar el resolutivo es profundamente hipócrita y sospechosa.

Representante del PRD ante el IFE, el senador Pablo Gómez destacó que el precandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto al IFE mecanismos que realmente servirían para llevar controles sobre las actividades de los candidatos.

Consideró que los partidos deberían analizar la posibilidad de llegar a un acuerdo conjunto, unánime, para que cada quien se ponga a trabajar en esos temas de legalidad y de comportamiento de antecedentes de sus abanderados.

El panista Rubén Camarillo, coordinador electoral de su partido, coincidió en “hay que hacer mucho más para mantener a raya al crimen organizado en las elecciones de julio próximo, y no basta con ese blindaje ordenado por el IFE.

Saludamos lo aprobado ayer por el instituto electoral, pero está también en la cancha de los partidos políticos, de los gobiernos estatales y del propio gobierno federal el seguir llevando acciones que impidan cualquier actividad ilícita, recalcó,

Igualmente, el también panista Felipe González dijo que es necesario que el IFE actúe, ya que lo tarugo y lo malhabido no se puede ocultar.

Guillermo Bustamante explicó que la intención del PAN al presentar su propuesta de aplicar pruebas antidopaje a los candidatos y realizar auditorías a partidos y aspirantes tiene como objetivo evitar que los recursos del crimen impulsen candidaturas a puestos de elección popular, como sucedió con el caso del ex diputado federal perredista Julio César Godoy Toscano.