La activista Norma Esther Andrade ha recibido la solidaridad de organizaciones internacionales luego de expresar su deseo de abandonar México luego de haber sido víctima de dos atentados contra su vida, el más reciente el viernes pasado en la delegación Coyoacán.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, envió a la luchadora social una carta en la que le manifiesta el apoyo de esa agrupación en caso de que decida trasladarse a España.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, hizo un llamado a las autoridades federales y de Chihuahua para que asuman su responsabilidad y otorguen protección a la fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa –organización que busca justicia para las víctimas de feminicidios en esa entidad– e investiguen el reciente ataque del que fue víctima.

Rechaza salir como ladrona

Hemos contactado con las embajadas de México en España y de España en México para exigir, a nombre de nuestra fundación, la atención debida hacia ti y tu familia, señala en la misiva el presidente de la organización citada, que agrupa a colegios de abogados de toda España

La abogada Michel Salas, representante de la activista, informó que ante el riesgo latente para su seguridad, Andrade continúa valorando si sale del país.

No obstante, no es un deseo total, pues piensa que sería lo más difícil para ella y su familia y lo más fácil para las autoridades. No quiere salir como una ladrona, ni esconderse.

En caso de emigrar, la activista desea hallar estabilidad en otra nación, y no sólo permanecer por seis meses o un año, como hasta ahora se le ha ofrecido. Por eso cobra relevancia la carta del Consejo General de la Abogacía Española.

Quizás mediante esa vía se puede buscar una permanencia más estable, subrayó Salas.

La abogada de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quien en estos momentos se encuentra muy cerca de Andrade, indicó que Amnistía Internacional ofreció su apoyo para trasladar a la activista y a sus familiares a España, en tanto que otras organizaciones la auxiliarían para llegar a Italia.

Lamentó que las autoridades federales, por conducto de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, aún no defina si otorgará a Andrade las medidas de protección solicitadas por las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos.

En la reunión con ellos (efectuada el miércoles) dijeron que en 15 días darían una respuesta. Norma les dijo que hoy están hablando de su seguridad, pero que quizás la próxima ocasión que se reúnan hablarán sobre dónde la van a enterrar, agregó la abogada.

Por separado, el ombudsman capitalino consideró lamentable que la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa tenga que analizar la posibilidad de salir del país para garantizar su integridad física.

El mensaje no es bueno. Tendríamos que poder vivir aquí, ejercer nuestras profesiones aquí, en condiciones de plena seguridad, manifestó González Placencia.

Agregó que en el incumplimiento de su obligación de brindarle protección se puso en riesgo la vida de Andrade.

La agresión en su contra, indicó, no debe ser investigada como un hecho aislado, por lo cual el Ministerio Público tiene la responsabilidad de descartar que se trató de un delito que se cometió en razón de su condición de activista.