Panamá, 5 de febrero. Al menos un indígena muerto, 32 heridos y 40 detenidos, así como un cuartel de la policía quemado, dejaron este domingo en Panamá enfrentamientos entre agentes antimotines y cientos de integrantes de la etnia Ngöbe Buglé que bloqueaban desde hace seis días carreteras del oeste del país en protesta contra la minería y proyectos hidroeléctricos en sus territorios.

Unidades antidisturbios dispersaron con gas lacrimógeno las protestas en distintos puntos de las occidentales provincias de Chiriquí –fronteriza con Costa Rica– y Veraguas, donde estaban bloqueadas vías estratégicas como la Interamericana que comunica a Panamá con Centroamérica.

Desde zonas de conflicto, dirigentes indígenas informaron que hay varios heridos, incluso por disparos, en tanto que la policía reporta seis agentes lesionados.

Hay un muerto. Las unidades antimotines tienen equipo para control de multitudes pero no están armadas, por lo tanto, esa persona no pudo haber muerto por disparos policiales, dijo al canal Telemetro el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino.

Nos han tirado los antimotines. Nuestra manifestación era tranquila y nos han reprimido, declaró desde Chiriquí Omayra Silvera, dirigente de la coordinadora indígena que organiza las protestas, a radio RPC.

El sacerdote Carlos de la Cruz, de Tolé (Chiriquí), relató que un contingente de policía atacó a los manifestantes y recibió apoyo desde un helicóptero. Mulino negó esa versión.

Desde San Félix, Chiriquí, Adonais Cortés, miembro de una comisión de la iglesia que buscaba el diálogo, dijo que los dirigentes indígenas acordaron despejar las carreteras para empezar a negociar, pero los manifestantes se negaron porque no tenían una propuesta concreta del gobierno.

La intervención policial se dio luego de que el sábado delegados del gobierno del derechista Ricardo Martinelli no acudieron al diálogo con los indígenas promovido por la Iglesia católica.

Los indígenas de la etnia Ngöbe Buglé –la mayor del país- iniciaron el lunes la protesta para exigir que un proyecto que debate el Congreso prohíba la construcción de hidroeléctricas y la explotación de minas en sus comunidades.

El gobierno acepta no desarrollar actividades mineras, pero rechaza prohibir la construcción de hidroeléctricas.