Sin un marco normativo sólido en materia de telecomunicaciones, la disputa por el control de un sector estratégico para el país se resuelve en una lucha de gigantes, es decir, los grandes monopolios de la televisión y la telefonía, mientras vemos a un Estado con instituciones demasiado débiles ante los intereses de estos poderes fácticos.

Beatriz Solís Leere, catedrática y especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y Aleida Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), alertaron que al final del actual sexenio tenemos un desastre en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Los principales responsables son el presidente Felipe Calderón y el Poder Legislativo, pues durante estos seis años de gobierno tuvieron varias oportunidad para establecer una regulación clara y sólida.

En entrevista, Solís Leere, señaló que pese a la decisión asumida por la Comisión Federal de Competencia (CFC) para impedir la concentración del duopolio televisivo en el mercado de las telecomunicaciones, por medio de la alianza de Iusacell y Televisa, tampoco se puede decir que es un gran paso, porque aún debemos estar alertas del recurso de revisión interpuesto, pues es un claro ejemplo de la debilidad el Estado en la regulación de las telecomunicaciones, todos los diferendos acaban judicializándose.

Esto ocurre, explicó, porque no se cuenta con instituciones sólidas frente a intereses muy poderosos, que podrían haberse resuelto si el Legislativo y el Ejecutivo hubieran atendido y analizado las distintas propuestas que siguen congeladas en el Congreso para definir con claridad las reglas del juego. Incluso, en estas iniciativas se da respuesta a las recomendaciones planteadas recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la participación del sector privado.

Calleja abundó que pese a tener “todos los elementos para concretar una regulación acorde con los tiempos que enfrenta el país, se desaprovecho una coyuntura histórica, pues incluso tenían el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la ley Televisa, pero se dilapidaron todas estas oportunidades, permitiendo que las reglas del mercado sean las que imperen el sector de las telecomunicaciones”.

Consideró lamentable, que el gobierno sólo haya dado palos de ciego en su política en materia de telecomunicaciones, y el hecho de negarse a ser un contrapeso de los interéses económicos de los grandes monopolios, pues se ha favorecido que ante cualquier acto de autoridad, los regulados acuden ante la autoridad judicial para abrir un litigio por el marco normativo endeble.