El coordinador priísta en la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones, exigió que no se politice la impartición de justicia y advirtió que tanto el caso de los decomisados 25 millones de pesos provenientes de Veracruz como la alerta fallida contra tres ex gobernadores de Tamaulipas, “si no lo son, mucho se parecen a una guerra sucia” contra su partido.

Resaltó la importancia de dejar que la Procuraduría General de la República (PGR) haga limpiamente su trabajo y cumpla con la obligación de fortalecer el estado de derecho y obrar con legalidad y sin prejuicios. Y sobre todo, que no politicemos la justicia y que dejemos que la verdad salga a flote, porque con especulaciones sólo se logra confundir más a la población.

Ello, después de que el Senado acordó solicitar a la PGR, a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe detallado sobre la investigación que se sigue en torno al origen y destino de los 25 millones de pesos incautados a funcionarios del gobierno de Veracruz, el pasado día 27 de enero en el aeropuerto de Toluca.

Fue un punto de acuerdo que presentaron las fracciones de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) y que fue suscrito por la bancada del Revolucionario Institucional (PRI), con la exigencia de que no se haga uso político electoral de los órganos de justicia y los fiscales. Incluye la demanda de que el Instituto Federal Electoral (IFE) redoble esfuerzos para supervisar, monitorear y auditar los recursos que ingresen a las campañas.

El Senado exhortó también a los órganos de fiscalización y de auditoría del gobierno de Veracruz a iniciar investigaciones, con el objetivo de revisar que los pagos realizados a los proveedores se apeguen a la normatividad.

Los panistas Rubén Camarillo, coordinador de Acción Electoral del blanquiazul, y el veracruzano Juan Bueno Torio, expresaron en tribuna que hay fuertes suspicacias con relación a que los 25 millones de pesos fueran destinados a la campaña del priísta Enrique Peña Nieto.

¿Por qué preferir portar el dinero en efectivo, en lugar de utilizar la seguridad y la rapidez de una transferencia electrónica?, preguntó Camarillo. Agregó que con un simple click en la computadora se pudo hacer de inmediato el pago al supuesto proveedor.

El senador Bueno Torio agregó que a la empresa que supuestamente se le iban a entregar los recursos, habría tenido que pagar 750 mil pesos por el impuesto sobre depósitos en efectivo (IDE). ¿Quién en su sano juicio puede aceptar una operación de esa magnitud?, inquirió.

Desde tribuna, el senador del PRD, Arturo Herviz, recalcó que el hecho de que llevaran las maletas con el dinero al aeropuerto de Toluca se presta a malas interpretaciones, ya que en ese estado tiene su residencia el precandidato priísta Enrique Peña Nieto.

A nombre del PRI, el senador Fidel Pacheco rechazó que por el solo hecho de que el dinero llegó al aeropuerto de Toluca se pueda sostener que iba dirigido a su precandidato presidencial. Sostuvo que se trata de instalaciones aeroportuarias alternas, a las que llegan de manera obligatoria aeronaves privadas y oficiales.

Argumentó, asimismo, que en México de ninguna manera es ilícito el tránsito de dinero en efectivo y que en las propias indagatorias que inició la PGR ha quedado claro que los recursos son de procedencia lícita, porque devienen de una operación que surge de recursos fiscales del propio gobierno de estado.

El senador Pacheco pidió esperar a que las autoridades correspondientes concluyan la investigación, sin hacer uso político electoral.

En entrevista, Beltrones recalcó que en la vida como en la política las casualidades no existen y aunque no puede sostener que haya una guerra sucia contra el PRI, a la vista mucho se le parece.